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Se cumple con paridad numérica, pero frenan participación a mujeres

Rocío Álvarez Miranda, especialista en políticas públicas en materia de género 

En diversas ocasiones se ha podido ver que “hay diputadas que no les dan la palabra en la tribuna o viven una serie de señalamientos de violencia política”


Que exista el mismo número de hombres y mujeres en los gobiernos y la Legislatura, no significa que las mujeres puedan ejercer el cargo de manera igualitaria y libre de violencia, sostuvo Rocío Álvarez Miranda, especialista en políticas públicas en materia de género de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En entrevista para Capital Edoméx, la especialista reconoció que existe un avance en la paridad de género en materia numérica, no así en la toma de decisiones.

Ante la conformación de los llamados gabinetes paritarios, Álvarez Miranda, indicó que si bien las mujeres están ingresando a los gobiernos, ayuntamientos y otras instituciones, “hay frenos referentes a una violencia instrumental que les impide ejercer el cargo o tener acceso a esas posibilidades de contener al igual que los varones”.

Ejemplificó que en diversas ocasiones se ha podido ver que “hay diputadas que no les dan la palabra en la tribuna o viven una serie de señalamientos de violencia política sobre sus capacidades o herramientas sexistas que utilizan varones que están en la misma condición”.

Actos de este tipo, expresó, debe llevar a la reflexión social y pensar si es suficiente que exista un acceso en número o el cómo las mujeres están llegando a esos espacios, “en donde se nos sigue discriminando, viendo inferiores a través de ejercicios de violencia”.

Si bien la lucha, en un inicio, era para reconocer los derechos políticos de las mujeres, “la lucha ahora es que los hombres reconozcan las capacidades de las mujeres para estar en los cargos”, apuntó.

De acuerdo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, del Instituto Nacional de las Mujeres, la sanción para el que ejerce violencia política por razón de género va de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días de multas.

Las sanciones se incrementan si son realizadas por un servidor público, funcionario o funcionaria, por un candidato o candidata de algún partido político o si la violencia es cometida contra alguien perteneciente a un pueblo o comunidad indígena.

Cabe destacar que en el informe del proceso electoral 2023, donde por primera vez se dio una contienda entre mujeres para competir por la gubernatura del Estado de México, la presidenta del Tribunal Electoral de la entidad (TEEM), reconoció que uno de los grandes retos que existe en el estado, es principalmente garantizar la no comisión de violencia política, esto luego de que se registraron al menos 16 asuntos relacionados a casos de violencia política de género