Siendo un área que regula -con plena autonomía en cuanto a su función-, la actuación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Órgano de Control Interno cuenta actualmente con 350 expedientes que se mantienen en estudio e investigación.  

El titular del órgano, Victorino Barrios Dávalos, informó que del total de expedientes, 45 son considerados como graves y el resto como no graves.  

En su momento, indicó que entre los expedientes por casos graves se contempla investigaciones por acoso y hostigamiento, daño a la hacienda pública, abuso de funciones, así como por temas referentes a conflicto de intereses, mientras que el grueso de los expedientes no graves refiere a un tema de omisión en la presentación de declaraciones de bienes y de intereses.

Afirmó que su unidad no actúa bajo presión, por lo que al momento cuentan con dos personas sancionadas administrativamente que ya han sido inscritas en la plataforma digital correspondiente para que el Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, incorporen su nombre y al momento de que quieran buscar un nuevo empleo, quien los contrate tenga entendido que cometieron una falta.  

Por otro lado, informó que la investigación de la que son sujetos algunos ex rectores de la Máxima Casa de Estudios mexiquense continúa, por lo que aún no se les han impuesto sanciones.  

Admitió que ha sido lento el avance de las investigaciones; sin embargo, indicó que es una unidad que cuenta con poco recurso presupuestal y pocos recursos humanos.  

De manera anual, el Órgano de Control Interno de la UAEMéx obtiene un presupuesto de 15 millones de pesos y cuenta hoy en día con cerca de 40 personas entre abogados especialistas en derecho administrativo y notificadores.  

“Iniciamos con muy poco personal, yo necesitaría para  avanzar tener 10 veces más abogados de los que tenemos ahora, además se les tendría que capacitar en el derecho administrativo”, indicó.  

En el tema de la llamada “Estafa Maestra”, sostuvo que aún se mantienen tres expedientes vigentes que están en proceso de investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del Tribunal federal de Administración y Justicia.