Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXI Legislatura, iniciaron el análisis de la iniciativa planteada por el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que busca sancionar el envenenamiento y la mutilación animal con fines estéticos.
Garantizando el bienestar animal, la propuesta busca sancionar de 6 meses hasta 2 años de prisión a quienes incurran en prácticas que causen sufrimiento y dolor a animales ya sean domésticos, callejeros o en situación de abandono, mediante el uso de sustancias toxicas o métodos abrasivos para provocar el envenenamiento.
A la par, proponen imponer una pena de 6 meses a 5 años de prisión y el equivalente de 200 a 2 mil días multa a quien solicite, autorice, conduzca, participe o lleve a cabo intervenciones quirúrgicas en animales con propósitos estéticos, cuyo fin sea alterar su apariencia o conseguir otros fines no médicos o curativos, tales como el corte total o parcial de la cola, de las orejas, la sección de las cuerdas vocales, la extirpación de uñas y dientes, la amputación de las falanges u cualquier otra.
“La propuesta busca reformar el Código Penal y el Código de Biodiversidad, ambos del Estado de México, para hacerlas sanciones mayores a quien cometa maltrato animal, yo espero que esto sea la antesala para trabajar ya una Ley de Maltrato Animal que requiere mayor trabajo”, señaló el líder parlamentario del PRD; Omar Ortega Álvarez.
Se indicó que siendo la mutilación estética una práctica de manera recurrente y la cual ha sido socialmente aceptada, en el país solamente 10 estados prohíben la mutilación con fines estéticos a los animales de compañía, de ahí dijeron, la necesidad de que el Estado de México se sume a esta lista.
Pues se dijo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el mundo, el primero en Latinoamérica y se estima que 7 de cada 10 animales lo sufren.
Durante la reunión de trabajo, las y los diputados acordaron fortalecer los trabajos de análisis de la propuesta con el apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Medio Ambiente.
