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Sábado 24 de Agosto 2019

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Ley de Seguridad resta autoridad: PAN

Alfonso Bravo. Foto: Especial Foto Capital Media
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15 de Mayo 2018
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Viola derechos humanos de los ciudadanos, aseveran

Lo contemplado en la Ley de Seguridad Interior viola los derechos humanos y le da mucho más poder al Ejecutivo y a las instancias de seguridad, haciendo que los municipios y estados tengan poca autoridad, de ahí que los amparos que se han promovido resulten necesarios para declararla inconstitucional, señala Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Tras ser promulgada la Ley de Seguridad Interior por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, ha desatado una serie de controversias que han originado el otorgamiento de más de 15 amparos promovidos por particulares, medida calificada por el panista como “necesaria” tras recalcar que la ley representa aspectos peligrosos para los derechos humanos de las personas, sobre todo en el tema de la libertad de la manifestación de las ideas.

“Esta ley de seguridad concentra el poder de utilizar la fuerza pública no sólo como se dijo para dar una reglamentación de las fuerzas armadas, ejército y marina en la seguridad interna del país, sino que da también otros elementos que le permiten al titular del ejecutivo utilizarlas para intervenir y reprimir en cuestiones de libertad de expresión”, expresó.

Ante la serie de concesiones de amparos que han dado jueces federales en contra de la ley, aseguró que es bueno que la justicia en México esté poniendo un alto a decisiones de crear una ley que puede generar perjuicios.

A la par, indicó que los problemas más fuertes, como es el de los feminicidios, no se lograrán frenar con una sóla ley, que lo que busca es normar la estrategia fallida que en la materia se tiene, sino que, se tiene y se debe de resolver el problema con inteligencia.

Al manifestar su descontento por la promulgación de esta ley, Álvarez Malo afirmó que existen elementos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la misma puesto que esta ley pasa por encima de los ayuntamientos y los gobiernos estatales.

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