Por resultar obsoleta y deficiente, el titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, presentó una iniciativa a la LXI Legislatura para abrogar la Ley de Arancel para el pago de honorarios de Abogados y Costas Procesales publicada en Gaceta de Gobierno en 1962 y en su lugar, crear una moderna, clara y eficaz ley.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, se informó sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Profesionistas en Derecho y Costas Procesales del Estado de México, que a diferencia de la ley anterior, se contempla el pago de los honorarios que deberán cubrirse a los profesionistas en derecho por su intervención en asuntos o negocios que pueden implicar controversia jurisdiccional, adicionalmente contiene una regulación clara sobre la cuantificación y pago de costas generadas en los procedimientos judiciales.

“El establecimiento de un arancel o monto para el pago de honorarios para los profesionistas en derecho que presten sus servicios en aquellos asuntos o negocios que impliquen una posible controversia judicial, constituye una necesidad apremiante, tomando a su consideración que en la mayoría de los casos y sus clientes no celebran un contrato de prestación de servicios por escrito, o bien, de celebrarlo, no se prevé el monto de dichos honorarios, así como la manera o forma en la que deberá efectuarse su pago, razón por la cual resulta imprescindible su regulación a falta de un acuerdo”, explica el documento.

El magistrado, explica dentro del documento que la Ley de 1962, no sólo tiene un carácter obsoleto, sino también deficiente, al hacer referencia a montos de honorarios equivocados, fuera del contexto social y económico actual, además de resultar demasiado compleja en su aplicación por el establecimiento de fórmulas para su cálculo de difícil comprensión.  

La iniciativa de ley de arancel, se resalta, constituye un esfuerzo en el que no sólo participaron servidores y servidoras públicas del Poder Judicial, sino también diversas asociaciones de abogados y especialistas en derecho, cuya única finalidad es contar con un instrumento normativo, de carácter moderno, actual, de fácil comprensión y aplicación que cumpla con las exigencias de la realidad económica y jurídica actual en cuanto al pago de honorarios y costas procesales de una manera más justa y equitativa.

Para evaluar su procedencia y analizar sus bondades, la Diputación Permanente remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la iniciativa.