Para garantizar espacios educativos seguros, el Congreso local aprobó -por unanimidad- el sustento legal que avala el operativo “Mochila Segura”.
Se indicó que esta propuesta pone a la vanguardia al Estado de México en materia de seguridad en planteles educativos públicos y privados, toda vez que en ningún otro estado se ha legislado en la materia.
“Este dictamen fue construido y robustecido en conjunto con los grupos parlamentarios, las secretarías del Estado, el DIF estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en beneficio de niñas, niños, adolescentes y comunidad escolar en general”, señaló el diputado impulsor de la iniciativa, Emiliano Aguirre.
En su momento, se indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalaba que el “Operativo Mochila” ya no era obligatorio efectuarse, debido a que violaba los derechos humanos a la educación y a la intimidad, puesto que no velaba por el interés superior de los infantes, pero con el dictamen aprobado se le da legalidad al procedimiento.
El dictamen refiere que se trata de un programa dirigido a la prevención social del delito, evitar que se introduzcan armas, estupefacientes o demás sustancias similares, así como también objetos prohibidos que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los educandos y comunidad escolar, e impulsa la participación social en acciones preventivas de seguridad pública de alumnos, padres de familia, docentes y administrativos de las instituciones educativas de nivel básico.
La implementación del esquema, se dijo, cobra relevancia si se considera que se tiene en la entidad una enorme densidad poblacional que concentra el mayor número de escuelas correspondientes a la educación básica, ya que de los 228 mil 803 planteles educativos del país (registrados durante el ciclo escolar 2021-2022), 9.81%, se ubican en territorio mexiquense, siendo el nivel educativo de secundaria (9.67%) que más infraestructura posee, seguido por el preescolar (8.61%), primaria (8.17%) y en nivel inicial (6.48%).
“Estamos de acuerdo en que no podemos criminalizar a niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, toda vez que se estaría violentado con sus derechos humanos fundamentales, por ello, la presente propuesta legislativa pugna porque se refuerce la seguridad de manera progresiva en planteles educativos, existiendo una mayor participación de autoridades, la comunidad escolar en general, así como también generar mayores mecanismos que protejan a las próximas generaciones”, se indica en el documento.
Es de referir que una vez que el acuerdo se publique en Gaceta de Gobierno, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Codhem, contarán con 45 días hábiles para la expedición del Protocolo de operativos o programas que impliquen la revisión o inspección de mochilas o bolsos de niñas, niños y adolescentes.
