El Congreso del Estado de México aprobó un exhorto para que los elementos de tránsito municipal generen confianza ciudadana, informando sobre los protocolos que implementan en la detención de vehículos, levantamientos y cobro de infracciones de tránsito.

Lo anterior para que se conduzcan con estricto apego a los ordenamientos legales en caso de implementar políticas públicas, acciones, operativos en materia de tránsito y prevención de delitos como lo son el control provisional preventivo.  

El diputado Emiliano Aguirre Cruz, indicó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2022, señalan que en la entidad existen 9 millones 278 mil vehículos automotores particulares que cuentan con registro, es decir que el Estado de México concentra el 17.1% del total nacional, cifra que muestra la importancia de que el Estado implemente políticas públicas acorde a las disposiciones legales a efecto de que se salvaguarde el patrimonio de las y los mexiquenses.  

Lo anterior, puesto que acorde a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en el Estado de México el 39.3% de la población de 18 años y más identifica a la Policía de Tránsito como la autoridad que menor confianza le inspira, ubicándose en el último lugar, por cuanto hace a la percepción de corrupción en las autoridades de seguridad pública, el 81.8% considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida del Ministerio Publico (MP) y Fiscalías Estatales con 74.3 % y la Policía Preventiva Municipal con 72.2%.  

“De esta forma se observa que el hablar de la materia de tránsito no sólo es referirse a las infracciones administrativas (multas) a las que la ciudadanía puede ser sujeta por el incumplimiento de un deber jurídico u obligaciones establecidas por una disposición legal administrativa de la materia, sino que también comprende al derecho humano de las personas de circular o transitar en infraestructuras viales (principales o secundarias) con ciertas salvedades que así sean determinadas por las autoridades facultadas para ello”, indicó.  

El legislador, explicó que a la fecha se desconoce con exactitud qué municipios cuentan con algún tipo de protocolo o lineamientos de políticas públicas, acciones u operativos en materia de tránsito. 

Finalmente se dejó claro que el exhorto no busca poner en tela de juicio la actuación de las autoridades en materia de tránsito, sino más bien pugna, porque se fortalezca la actuación de elementos facultados por ordenamiento legal a efecto de robustecer su imagen institucional, toda vez que las sanciones de infracciones administrativas deben regirse bajo los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.