El aún presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, está prófugo de la justicia desde el pasado viernes en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo catalogó como sustraído de la acción legal, por ser presunto responsable de seis delitos. 

Un juez de Control Especializado en Línea, obsequió a la instancia una orden de aprehensión y tras acciones simultáneas en cinco sitios de Toluca y Metepec, entre ellos, el propio Palacio Municipal, el alcalde evadió a la justicia.

Los delitos por los cuales ha sido señalado son: secuestro exprés, violencia familiar, allanamiento, daño a propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder, así como uso indebido de la fuerza pública, hechos que se derivaron de acciones ocurridas el 12 de abril con la detención ilegal de Emilio “N”, padre de la ex esposa del presidente municipal, Viridiana Rodríguez, quien hizo las denuncias ante las instancias correspondientes y dio a conocer su versión pública sobre lo sucedido a través de las Redes Sociales.

Debido a la relación conyugal entre la denunciante y el acusado, en el momento de los actos acontecidos, la Fiscalía mexiquense dio a conocer que las diligencias del caso así como la investigación, se realizan con perspectiva de género.

Hasta el momento, de acuerdo a las evidencias recopiladas, las investigaciones permiten establecer la presunta participación de Martínez Carbajal en los hechos, toda vez que el presidente de Toluca estableció comunicación con la denunciante cuando el padre de Viridiana fue detenido de manera arbitraria por la policía de este municipio. 

Se conoció que el pasado 12 de abril, por instrucciones del presidente municipal, policías del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares del padre de Viridiana Rodríguez y lo habrían privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, donde lo mantuvieron en cautiverio.

Ante tal hecho, presumiblemente constitutivo de delito, la acción fue denunciada ante el agente del Ministerio Público por la hija de la víctima, se sabe de ello por versiones dadas a conocer por la denunciante, así como, probablemente en las carpetas de investigación correspondientes, Raymundo Martínez Carbajal le exigió, mediante amenazas y uso de lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal condicionando con ello, la libertad de su padre.

Los hechos referidos, constituyen en grado de probabilidad el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya penalidad es de 40 a 80 años de prisión, la cual puede aumentar 10 años al agravarse por haber allanado el inmueble para privar de la libertad a la víctima.

Cabe destacar que debido a las acciones que en su momento derivaron en hechos que configuran estos delitos, también están siendo investigados seis personas más pertenecientes a la administración municipal, entre ellos Rodrigo Alonso Aliaga, director jurídico; así como Andrés Vergara Mañón, coordinador de asesores del presidente municipal; Marian Díaz Solano, directora general del DIF y el notario público, Erick Santin. 

Lo anterior, debido al supuesto apoyo para que se perpetraran los delitos antes mencionados, contra el suegro del alcalde y su ex esposa prestaron a Martínez Carbajal.

Tras las acciones operativas realizadas el pasado fin de semana en al menos cinco domicilios de la capital mexiquense y Metepec, y decretar que el alcalde de Toluca se encontraba catalogado como sustraído de la acción legal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la “Ficha Roja” correspondiente, así como al Instituto Nacional de Migración la expedición de una Alerta Migratoria, para evitar que el multiseñalado salga del país.

De la misma manera, mediante un comunicado a medios, la institución advierte; toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga del probable responsable de delitos diversos, con el propósito de que este no enfrente la justicia, será cómplice de encubrimiento, el cual es sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público.

Es de destacar que el operativo realizado el fin de semana por la Fiscalía de Justicia mexiquense, se llevó a cabo en un domicilio que se ubica en el Fracconamiento San Fermín en la esquina que forman las calles de Torres Chicas y Antonio Albarrán en la colonia Del Parque en Toluca, presuntamente domicilio particular del alcalde. 

Tomando en consideración los hechos y que el presidente municipal se encuentra sustraído de la acción legal, con base en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal, asumirá el control de la administración el secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, hasta por 15 días.

El articulado señala que “las faltas temporales de la o el presidente municipal que no excedan de quince días, los cubre el secretario de Ayuntamiento, como encargado de despacho”.

Posterior a ello, ante la ausencia del alcalde, el secretario deberá llamar a una sesión extraordinaria de cabildo al cuerpo edilicio, para designar un presidente municipal por Ministerio de Ley.

Sin embargo, de ser detenido el alcalde y sentenciado por algún delito, su suplente tomará el cargo, de lo contrario, se deberá dar parte a la Legislatura mexiquense quien pedirá al Ejecutivo estatal, dirigido actualmente por la morenista Delfina Gómez Álvarez, una terna para designar al edil sustituto.