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Amnistía Internacional llama al fiscal presentar disculpa pública por feminicidios

Amnistía Internacional, insistió en que el evento ha sido cancelado en tres ocasiones 

Según Amnistía Internacional, en dicho contexto, el fiscal General del Estado de México se comprometió a emitir una disculpa pública para las víctimas


Información Guillermo Espinosa

Luego de que el pasado 15 de noviembre, el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, canceló la emisión de una “Disculpa Pública”, para víctimas de feminicidio y desaparición en la entidad.

Amnistía Internacional, calificó dicha cancelación como un “Acto Regresivo”; e  instó al fiscal a emitirla y garantizar plenamente los derechos de las víctimas y sus familias a la justicia y a la reparación integral del daño.

Amnistía Internacional, señaló que la situación de violencia basada en género es particularmente grave en el Estado de México.

Y que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) se habrían cometido al menos 120 feminicidios del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 tan sólo en la entidad, ocupando el primer lugar a escala nacional.

“La desaparición de mujeres y niñas en la entidad también es preocupante, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, el paradero de 353 mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en el Estado de México, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022, continúa sin establecerse”.

Amnistía Internacional, destacó que ha documentado las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México y son deficientes, porque se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y la perspectiva de género no se aplica correctamente.

“Además, las familias son revictimizadas, porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que ellas a su vez investiguen, y porque frecuentemente son amenazadas por los presuntos responsables de los delitos e, incluso, por las autoridades. Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación”.

Según Amnistía Internacional, en dicho contexto, el fiscal General del Estado de México se comprometió a emitir una disculpa pública para las víctimas y familias de cuatro casos ejemplares de feminicidio y desaparición en la entidad, estos son los casos de:

• Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en 2004.

• Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, cuyo paradero es desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio.

• Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017.

• Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada en 2018.

En la disculpa pública, se reconocerían:

1) Las deficiencias que han cometido en las investigaciones estos casos.

2) La falta de medidas eficaces para prevenir, investigar, perseguir y castigar la violencia de género en el Estado de México

3) La magnitud del problema de violencia basada en género en el Estado de México.

Amnistía Internacional, insistió en que el evento ha sido cancelado en tres ocasiones sin que las autoridades brinden explicaciones.

Y agregó que existen estándares internacionales claros sobre la obligación de los Estados de investigar y sancionar la violencia contra la mujer y de brindar acceso a una reparación a las mujeres que sean objeto de violencia basada en género.

Finalmente, reiteró que la Corte Interamericana, en el Caso González y otras (“Campo algodonero”) contra México, estipuló que las desapariciones y asesinatos de mujeres deben investigarse incorporando una perspectiva de género.

“La Corte consideró que la obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”.

La Convención Belém do Pará, de la cual México es parte, estipula que los Estados tienen la obligación de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a una reparación del daño.