Las adjudicaciones directas han sido las preferidas de los gobiernos morenistas, y éstas han sido impulsadas desde el gobierno federal, en donde, de acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, el 77.3 por ciento de la asignación de contratos públicos han sido a través de esta vía.

De acuerdo a la analista jurídica Lizyosary Adanae López Lefranc, las adjudicaciones directas pueden llegar a ser prácticas anticompetitivas que encarecen los productos que adquiere la administración, y que reducen la calidad de los bienes y servicios que reciben los contribuyentes.

Por tal motivo, es preferible que la administración pública contrate mediante licitación pública, porque se practica la competencia económica garantizando que el estado compre productos de mayor calidad a menor precio, lo que a su vez nos beneficia a todos, ya que se evitan los sobreprecios y la transparencia impide que pueda haber corrupción.

El gobierno de México, así como los gobiernos municipales, están obligados a llevar a cabo una investigación de mercado profunda y estudios de factibilidad o trabajos sobre la materia del servicio que solicitan. 

Esto, permite conocer el sector y evitar dañar a las micro, pequeñas y medianas empresas fabricantes, que pudieran quedar apartadas debido a una concentración muy grande del mercado, como ha venido ocurrido, pues sólo unas cuantas empresas proveedoras han obtenido contratos de suministro de bienes.