Por: Vladimir Galeana
No terminan los agobios para los habitantes de la delegación Tláhuac. Y no es que alguien tenga especial interés en mantenerla “caliente”, simplemente que los eventos seguirán generándose a causa del olvido y los descuidos tanto de la instancia delegacional como del Gobierno de la Ciudad de México. Ayer, un nuevo asalto segó la vida de una persona y el hermano está a punto de morir en un hospital a causa de las balas disparadas por dos delincuentes al realizar un asalto a un microbús de la Ruta 14 en la avenida Tláhuac y Periférico Oriente.
La delegación se ha convertido en un territorio en disputa, y aunque el señor Mancera prefiera escurrir el bulto antes que verse inmiscuido en una confrontación verbal con Andrés Manuel López Obrador, tendrá que asumir su responsabilidad como Jefe de Gobierno, porque jerárquicamente es el superior de todos los funcionarios del esquema gubernativo, aunque sean miembros de otro partido. Lo que diga el señor Andrés Manuel López Obrador no lo debe preocupar, porque él dejó de ser funcionario hace cerca de seis años.
Por mucho que la familia Salgado trate de “escurrir el bulto”, todos sus elementos son directamente responsables de lo que ahí ocurre porque se han repartido los espacios. Hay un subdelegado de Seguridad Pública, donde por cierto manda uno de los hermanos del señor Salgado, cuya labor es mantener contacto con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública, y quien hasta ahora solamente se ha dedicado a coordinar a los policías destacamentados en la demarcación para fines personales. Bien haría el señor Mancera en tomar decisiones drásticas, porque tiene facultades para ello.
Pero también hay una circunstancia de la que pocos hablan, y es que la disfuncionalidad de la Procuraduría General de Justicia capitalina tiene mucho que ver con los magros resultados en materia de seguridad. Pero también esa disfuncionalidad se explica a partir de los cotos de poder que existen en la institución, y en otras ocasiones por el acentuado nepotismo de los principales mandos.
Los cotos de poder son fácilmente identificables por los intereses económicos de las camarillas que operan dentro de la institución. Pero también dicen los que saben, que en la institución hay familiares, amigos, compadres y vecinos, pero sobre todo algunas relaciones que van más allá de la simple relación laboral. Margarita Vázquez trabaja de fiscal de Asuntos Especiales, pero es hermana de Ana María Vázquez, quien es coordinadora de la Fiscalía de Investigación de Delitos de narcomenudeo.
También está el caso de don Alejandro Peralta Alvarado, quien funge como director de Enlace Administrativo de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, y cuyo hijo trabaja en Recursos Humanos y la esposa de fiscal de Robo de Vehículos y Transporte.
Ni que decir de las hermanas Liliana Lizbeth Barrón Rivera, ministerio público supervisor, y Yazmín Georgina Barrón Rivera, quien a pesar de no cubrir el perfil académico ha sido protegida por el fiscal. Así andan las cosas. Al tiempo.
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