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Viable omitir el nuevo impuesto a repartidores y conductores de APPs

 

Bien pudiera no considerarse en el Paquete Fiscal, pues su aplicación no representa más allá de 60 millones de pesos


Dentro de la propuesta del Paquete Fiscal 2023, en el apartado al Código Financiero del Estado de México, el gobierno propone aplicar a repartidores de plataformas digitales y a prestadores de transporte privado por aplicación como DiDi, Rappi y Uber un nuevo impuesto del 1.5% por cada servicio de realizado, entre ellos, el diputado Maurilio Hernández, indicó que la bancada de Morena considera que este impuesto puede ser omitido, puesto que impactará directamente al consumidor y usuario, y no a las plataformas.  

De acuerdo con lo referido por la Secretaría de Finanzas estatal, la medida busca ampliar la base de contribuyentes y su aplicación va enfocada a los servicios de entrega de bienes y consumo por aplicaciones digitales o sitios web, dejando fuera al resto de los prestadores de servicio de entrega que no están digitalizados.  

En contraparte, el diputado señaló que este apartado bien pudiera no considerarse en el Paquete Fiscal, pues dijo, de aplicarse lo que le representa al Gobierno del Estado no sería más allá de 60 millones de pesos.  

“Lo que se busca recaudar no tiene mayor incidencia en incrementar los ingresos propios, pero sí se corre el riesgo de que ese impuesto o ese pago se cargue al consumidor, que eso es lo que a nosotros nos preocupa más que otra cosa”, comentó.  

Indicó que lo que se tiene que cuidar es el interés del consumidor, puesto que dicho porcentaje no lo absorbería la plataforma, sino quien demanda el servicio.  

Es de referir que en el artículo 216-P se propone, entre otras cosas, que para el caso de transporte privado de bienes de consumo y en general cualquier tipo de bienes muebles se llevará a cabo el pago de una aportación del 1.5% del cobro por cada viaje realizado, también establece que por medio de contratos electrónicos deberán pagar mensualmente una aportación de 1.5% del cobro a quienes realicen el traslado de personas.     

Ante ello, diversas empresas ya se han pronunciado al respecto, rechazando la propuesta, pues dicen, afectaría directamente la economía del consumidor.