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Suscriben trabajadores y empleadores más de 49 mil convenios de conciliación

Han derivado en acuerdos por más de mil 946 millones de pesos 

Durante estos dos años y medio, se ha beneficiado a través de estos Convenios de Conciliación a más de 19 mil 673 mujeres trabajadoras


A dos años y medio de la implementación de la reforma laboral, la entidad mexiquense sigue dando resultados y, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM), da certeza jurídica a empleadores y trabajadores del estado.

Muestra de lo anterior es que, a la fecha, han celebrado 49 mil 269 Convenios de Conciliación, que han derivado en acuerdos entre las y los trabajadores y patrones, por un monto de más de mil 946 millones de pesos en beneficio de la clase trabajadora.

Además, este Centro de Conciliación Laboral, dependiente de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Maribel Góngora Espinosa, ha atendido más de 101 mil 389 solicitudes, que se han realizado de manera presencial y a través del Sistema de Conciliación (SIDECO).

Del total de solicitudes, corresponden a la sede de Toluca 21 mil 698, a Tlalnepantla, 51 mil 361 y a Ecatepec-Texcoco, 28 mil 330, mismas que han sido atendidas por los conciliadores y que han derivado en acuerdos.

Durante estos dos años y medio, se ha beneficiado a través de estos Convenios de Conciliación a más de 19 mil 673 mujeres trabajadoras, por más de 678 millones 150 mil pesos.

El Estado de México fue, a nivel nacional, el primer estado en implementar la reforma laboral, ofreciendo el servicio público y gratuito de Conciliación Prejudicial para la solución de controversias laborales de competencia local, contribuyendo a la paz laboral en la entidad, en el ámbito de sus competencias.

El CCLEM es pionero y referente en el país gracias a la visión, compromiso y decisión firme del gobernador.

La creación de los Centros de Conciliación Laboral forma parte de los cambios más significativos de la reforma laboral, al contar con la instancia prejudicial especializada e imparcial para dar solución a controversias entre trabajadores y patrones en un tiempo máximo de 45 días, con estricto apego a la ley y a los derechos humanos y laborales.