La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), ha visitado más de 70 municipios como parte de un diagnóstico que realiza sobre la Justicia Cívica, visitando principalmente sus galeras, evaluando su normatividad, la estructura del personal de seguridad con el que cuentan y los principios sobre los cuales están respetando o vulnerando los derechos humanos de quienes cometen infracciones establecidas en el Bando Municipal.
La titular de la Codhem, Myrna Araceli García Morón, comentó que este diagnóstico deberá estar listo antes de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, es decir, a más tardar en marzo para que pueda ser presentado con prontitud a la Secretaría General de Gobierno y respetando la autonomía de los municipios, se les exhorte a una buena aplicación de la Ley y a respetar los derechos humanos.
Refirió que una de las prioridades, es lograr cambiar la percepción de los cuerpos de seguridad pública municipal sobre los infractores administrativos, pues dijo, en muchas ocasiones son vistos como criminales.
Por otro lado, indicó que se debe revisar el estándar de cumplimiento de los policías, pues en las supervisiones han encontrado dentro de las galeras a personas que llevan entre 8 y hasta 12 horas privadas de la libertad, sin que un oficial les haya calificado la conducta y les refiera cuántas horas de arresto les corresponde.
“Esto es completamente irregular, incluso pudiera configurarse el delito de privación ilegal de la libertad, porque mientras no se determine la situación jurídica de la persona, es indebido lo que se hace de tenerlos en galeras sin referirles la sanción específica”, comentó.
Comentó que otra área de mejora es el dejar claro que a partir del momento en el que detienen a una persona por estar cometiendo una conducta administrativa irregular, lo lleven y pongan a disposición del oficial calificador en un tiempo prudente, es decir, que no los “paseen”, ni se cometan actos de mediación y conciliación dentro de las patrullas, “esto es completamente irregular, ilegal, abusivo del poder y violatorio de derechos humanos”, exclamó. Asimismo, indicó que falta de estandarización de los procedimientos es otra de las carencias de las galeras, puesto que algunas no tienen expedientes ni registros de personas detenidas.
“Por eso este diagnóstico que nunca antes se había hecho, nunca las había visitado ninguna institución, y además lo hacemos sin previo aviso, tenemos atribuciones para hacerlo, llegamos con un oficio debidamente fundamentado y motivado, nos identificamos y revisamos todas las instalaciones”.
