El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares y el líder parlamentario de Morena en la LXI Legislatura, Maurilio Hernández González sostuvieron un encuentro en el que abordaron dos temas fundamentales: el Paquete Fiscal 2024 y la reglamentación que el Ejecutivo tiene que realizar para la operatividad de sus áreas.   

El coordinador de los diputados de Morena señaló que el encuentro se efectuó a principios de semana y el tema principal fue el Paquete Fiscal para 2024 que el Ejecutivo tiene que remitir en próximas semanas al Legislativo para su análisis, adecuación y aprobación.  

Al respecto, explicó que el Paquete Fiscal tiene su proceso, pues desde junio por ley todos los entes fiscalizables hicieron llegar sus proyectos a la Secretaría de Finanzas de la administración anterior para poder conformar el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.   

Una vez lo anterior, comentó que el proyecto fue presentado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, manteniéndolo en revisión para hacer las adecuaciones que consideren necesarias, y solicitar información adicional a los entes fiscalizables por si se tienen que hacer ajustes, además dijo, se encuentran valorando si harán o no solicitud de crédito.   

En cuestión de tiempos, explicó que el Ejecutivo debe esperar la aprobación del Paquete Fiscal de la federación, que se dará el 15 de noviembre, para que entre el 16 y el 20 de noviembre remita el Paquete Fiscal al Congreso del Estado de México “a partir de ese momento entraremos en estudio con el propósito de tratar de ajustarnos a lo que marcan los tiempos que sería el 15 de diciembre, pero igual, si no hubiera acuerdo, nos vamos hasta el 30 de diciembre para aprobarlo”.  

Por otro lado, Maurilio Hernández indicó que el segundo tema que se abordó fue el urgir al Ejecutivo para que implemente la reglamentación de sus áreas para su operación, pues tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, se estableció un periodo de 90 días para realizar ajustes a las normas, restándoles cerca de 60 días para cumplir.