Diputadas federales mexiquenses emanadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) una queja por violencia política en razón de género, cometida por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien aseguró tener en su poder fotografías íntimas de legisladoras priistas.  

La diputada Melissa Vargas Camacho aseguró que tal afirmación es falsa, por lo que diputadas federales ya han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República y pronto harán lo propio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.  

Señaló que, a pesar de que en la actualidad se cuenta con una mayor participación de la mujer en la política, se está en un mayor agravio puesto que subsisten estereotipos que aseguran que la mujer no cuenta con la capacidad suficiente para sobresalir en diversos ámbitos y menos en el político.  

“La gobernadora ha inaugurado una nueva modalidad de violencia política, adelantamos que estaremos legislando en próximas fechas sobre el tema. Las diputadas federales del PRI del Estado de México rechazamos sus declaraciones porque son absolutamente falsas y fijan un precedente negativo, han generado un clima de odio y discriminación porque incluso hay funcionarios que han incitado a violentar a mujeres priistas asegurando que su cuerpo es del pueblo”, exclamó.  

Con un respaldo rotundo por diputadas locales, síndicas y regidoras, a través de una conferencia de prensa el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla Montes de Oca también rechazó las declaraciones emitidas por la gobernadora el pasado 5 de julio y recriminó el nulo apoyo que han tenido de los gobiernos emanados de Morena por erradicar la violencia que existe contra la mujer.  

“México se encuentra en retroceso y vive uno de los tiempos más difíciles para las mujeres, tenemos un gobierno federal y gobiernos estatales de Morena que prometieron defenderlas, pero las están atacando. Tenemos un gobierno de Morena que con lágrimas en los ojos sale a defender a hermanos, hijos y amigos, pero le molesta cuando se le cuestiona el caso de las mujeres masacradas, violadas o desaparecidas”, dijo.  

Enfatizó que la actitud de la gobernadora manda un mensaje equivocado a los mexicanos y abre la puerta para que los agresores legitimen su actitud y sigan violentando todos los días a más mujeres, por lo que subrayó que el Comité Directivo Estatal del PRI reprueba categóricamente estos lamentables hechos y exige a las autoridades castigar estas conductas que debieran merecer cárcel.  

Asimismo, se indicó que tal y como lo establece la ley, las declaraciones de la mandataria podrían atribuir un delito de violencia política en razón de género, delito a la identidad sexual agravado, violencia mediática y digital, además de amenazas, pudiendo ser merecedora a sanciones de 50 a 300 salarios mínimos, de 1 a 6 años de prisión, reparación del daño y/o hasta la remoción del cargo.  

Si bien, no se han divulgado estás imágenes, la referencia del hecho es suficiente para constituir estos delitos, y para garantizar su seguridad, las diputadas han solicitado medidas de protección como: la eliminación del vídeo del 5 de julio en sitios oficiales de la gobernadora dónde se menciona la existencia de fotos íntimas de diputadas, la prohibición de continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital, prohibición para acercarse directamente con víctimas u ofendidas, cercarse a sus domicilios y el impedirle realizar conductas de intimidación.