La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), informa que desde la puesta en marcha de la Ley de Amnistía a la fecha, han recibido un total de 3 mil 445 solicitudes para acceder a la liberación, de las cuales, el 73.1%, es decir, 2 mil 520 corresponden a delitos de alto impacto. 

La titular del órgano autónomo, Myrna Araceli García Morón, explicó que existen tres formas de acceder al beneficio de la Ley de Amnistía, la primera a través del Poder Judicial por delitos de bajo impacto y se presentan directamente ante el órgano jurisdiccional competente y resuelve el mismo; la segunda, a través de una opinión consultiva y la tercera -tratándose en su mayoría de delitos de alto impacto- se presentan a la Codhem.  

Luego de recibir las solicitudes, dijo, la Comisión procede a generar un planteamiento al Poder Judicial para que sea éste quien determine otorgar o no la amnistía.  

En ese sentido, comentó que han recibido 2 mil 520 solicitudes de amnistía para delitos alto impacto y 925 les han sido remitidas por la comisión especial de la LXI Legislatura para opinión consultiva, de estas, se han resuelto mil 401 y se han emitido 511 opiniones consultivas. 

“Quiero decir que no tenemos incremento de personal, por lo que considerando que es una atribución novedosa, quiero reconocer el trabajo del personal de la Comisión”, enfatizó.  

Cabe señalar que la estadística pública de la Codhem, muestra que el grueso de las solicitudes busca liberar a personas recluidas en centros penitenciarios y de reinserción social de Ecatepec, Tlalnepantla, Chalco, Neza Bordo y Santiaguito, principalmente. 

Recomendaciones  

En tema aparte, indicó que otra facultad que tiene la Comisión es el emitir recomendaciones tanto particulares como generales, precisando que en 2020 emitieron un total de nueve recomendaciones, en 2021 fueron 10, mientras que en 2022 llevan emitidas siete recomendaciones; seis particulares y una general. 

“Su emisión es sólo una de las formas en la que ejercemos nuestras atribuciones y lo hacemos cuando no podemos llegar a una composición, cuando la violación se corrobora y es de tal magnitud que pudiera estar violentando una ley, por falta de una política pública o por un acto administrativo negligente o doloso de parte de un servidor público”, dijo.