El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), presentó en el Poder Legislativo su Informe sobre los Derechos Humanos en el Edoméx 2023 para evidenciar, poner énfasis y visibilizar las principales problemáticas que enfrenta la entidad y las violaciones a los derechos que se cometen especialmente contra grupos vulnerables.
En este informe, se habló sobre cuánto cuesta vivir dignamente en el Estado de México, se abordaron datos sobre la violencia contra la mujer, las infancias y la desaparición de personas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, así como datos sobre la comunidad de la diversidad sexual, pueblos indígenas y personas privadas de la libertad.
En este tenor, integrantes del Centro refirieron que prácticamente las personas requieren ganar entre 14 mil a 15 mil pesos al mes, para garantizar una vida digna, cubriendo gastos de educación, vivienda, servicios, de salud, alimentación y transporte.
Por otro lado, se señaló que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares, el Estado de México, tiene un índice de 78.7% de violencia contra las mujeres y se especificó que informes nacionales revelan que la entidad, se mantiene con mayor número de feminicidios del país, con un promedio de 78 sucesos al mes.
Asimismo, se reveló que datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en la entidad se tienen contabilizados 46 mil 712 registros de desaparición, de ellas, 34 mil 312 fueron localizadas, lamentablemente mil 788 sin vida, respecto al tema de agresiones, el Mecanismo Defensor de los Derechos Humanos y Periodistas reportó de 2012 a 2023 poco más de 2 mil personas protegidas, entre ellas, mil 99 fueron defensoras de derechos humanos y 581 periodistas.
Ante este panorama, Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, comentó que el informe ha sido entregado a algunos diputados locales como Max Correa Hernández, Carmen de la Rosa y Anaís Miriam Burgos, y buscarán que también lo tenga la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, para atender las carencias y trazarse metas específicas que erradiquen las violaciones a derechos humanos.
El fin del informe, dijo, es que se identifiquen los casos que ameritan la atención inmediata de los diferentes poderes del Estado de México, ya que vulneran y violentan la integridad de los mexiquenses, recomendando al Poder Ejecutivo garantizar el acceso a la justicia y fortalecer las políticas públicas e incluir en su Plan de Desarrollo una perspectiva de derechos humanos.
Al Poder Judicial proporcionar el debido proceso judicial sin restringir la justicia a ninguna persona y al Poder Legislativo abrir espacios de debate público, donde las organizaciones de la sociedad civil que protegen y exigen justicia puedan participar en la elaboración de leyes, reformas y la creación de políticas públicas.
