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Piden al Poder Judicial y a órganos electorales apegarse a la austeridad

Se debe reconsiderar la remuneración inconstitucional que perciben altos funcionarios y sus privilegios  

Esta nueva etapa de trasformación comenzó el 4 de junio es una oportunidad para reconfigurar el camino dijo Rosa Zetina


El Congreso Local aprobó por mayoría un exhorto para solicitar al Poder Judicial, al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral, todos del Estado de México, a que se conduzcan con austeridad y rectitud de gasto para el ejercicio 2024.  

“Hacemos este llamado al Poder Judicial y a los órganos electorales para que, reconsideren sus posturas en el manejo de los recursos públicos, teniendo como máxima que el dispendio del gobierno ofende al pueblo”, expresó la diputada morenista, Rosa María Zetina González.  

Especificó que el Poder Judicial del Estado de México es el segundo poder jurisdiccional con más presupuesto del país, siendo objeto de cuestionamientos, puesto que los recursos asignados no han sido notorios en el fortalecimiento de la administración e impartición de justicia, pues dijo, datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, el 40% de las personas recluidas no cuentan con una sentencia y de esa población, casi el 30% ha estado esperando por más de dos años una sentencia. 

Y es que dijo, más de 1 mil 200 millones de pesos se destinan a remuneraciones adicionales y especiales; 5 millones en alimentos; 32 millones de pesos en el gasto de combustible; 8 millones en vestuario, blancos y artículos deportivos; más de 38 millones para viáticos; así como más de 190 millones en mobiliario nuevo.  

“Esta nueva etapa de trasformación que comenzó el 4 de junio en donde la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabeza por primera vez en la historia del estado la alternancia política, es un parteaguas y una nueva oportunidad para reconfigurar el camino y llevar al Estado de México hacia el estado de bienestar que todas y todas queremos”, dijo.  

Dicho Poder e instituciones electorales, resaltó que debe reconsiderar la remuneración inconstitucional que perciben altos funcionarios y los privilegios que representan.