La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malasis, aseguró que la justicia electoral no puede ser el privilegio de unos cuantos, por lo que dijo, es necesario derribar las barreras que impiden que las personas denuncien violaciones a sus derechos político-electorales.

Lo anterior, tras acudir al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), para impartir la Conferencia Magistral “Defensa de los Derechos Político Electorales de los Grupos Vulnerables”, en donde enfatizó que para que el proceso de toma de decisiones sea verdaderamente legítimo, todas y todos deben tener las mismas posibilidades de participar.

Ello, dijo, significa que condiciones como el género, el lugar de nacimiento, la edad, la comunidad de pertenencia o la orientación sexual, no constituyan aspectos que limiten los derechos de las personas, por el contrario, la diversidad debe enriquecer a las sociedades, cuando se traduce en procesos políticos plurales e incluyentes.

“La sociedad tiene una asignatura pendiente, por décadas diversos grupos sociales han sido excluidos de la toma de decisiones públicas y buscan ejercer efectivamente sus derechos. La justicia electoral no puede ser el privilegio al que sólo unos cuantos tengan acceso. Quienes padecen las vulneraciones más graves, son también quienes enfrentan más obstáculos para defender sus derechos político electorales”, comentó.

Señaló que estos obstáculos se manifiestan de diversas formas, como el carecer de los recursos necesarios para contratar una defensa legal apropiada, la imposibilidad de comunicar sus exigencias, debido a diferencias culturales o lingüísticas, o la dificultad de interponer demandas por la lejanía física del domicilio y de las instituciones.

La magistrada, indicó que para saldar esa deuda, hace 8 años el TEPJF, impulsó la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual durante los 6 años que esta defensoría operó bajo esta figura, se brindaron más de mil 500 servicios gratuitos de defensa y asesoría legal, posteriormente indicó que fue en 2023 cuando la defensoría amplió sus facultades para también brindar atención a mujeres en caso de paridad y violencia política, residentes en el extranjero, afromexicanas, menores de edad, adultos mayores, personas de la diversidad sexual y de género, y personas sujetas a prisión preventiva.

Desde enero de 2023 a la fecha, dijo, la defensoría ha atendido a cerca de 4 mil personas que buscan acceder a los servicios de justicia electoral en el país.