Carlos Felipe Valdés Andrade, visitador general de Supervisión Penitenciaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, admitió que en la entidad aún se carece de una política pública establecida para el sistema postpenitenciario.
Indicó que es necesario que se implementen directrices específicas y políticas bien estructuradas para atender todos los temas en la materia, entre ellos, el de la reinserción social.
Recalcó que en el artículo 18 Constitucional, se habla del derecho a la reinserción social, en donde se establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; sin embargo, admitió que aún falta mucho por hacer en la materia.
En la parte legislativa, el diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y el diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez, ambos integrantes de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario y de la Comisión Especial de Amnistía en el Congreso local, admitieron que pese a que en la ley establece que debe garantizarse la reinserción social de las personas privadas de la libertad, en la práctica no se cumple, puesto que siguen siendo estigmatizadas, lo que les impide encontrar un empleo digno, formal y bien remunerado una vez egresando de los centros penitenciarios.
Indicó que lo que se debe hacer es trabajar de manera conjunta gobierno, Poder Legislativo, el Judicial y sumar al sector empresarial, para que las y los ex presidiarios sean vinculados a un empleo y se les dé un seguimiento real después de haber sido liberados por amnistía o por cumplimiento de sentencia.
En tanto, el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió que las visitas que como comisión legislativa especial se encuentran realizando aleatoriamente a diversos penales, servirán para conocer las carencias y debilidades del sistema penitenciario, a fin de buscar alternativas que sirvan propiamente a dos objetivos: despresurizar los centros penitenciarios y garantizar que las Personas Privadas de la Libertad tengan un trato digno y se les procure la reinserción con la sociedad.
“Una de las soluciones que estaremos proponiendo es crear un modelo para que no necesariamente deban ingresar a la cárcel quienes cometen delitos menores, porque además de que cuestan, están en condiciones de riesgo al vincularse con otros reos, pero con mayor peligrosidad, debemos encontrar un modelo para que a pesar de que estén en algún procedimiento o alguna vinculación, no necesariamente tengan que estar dentro, que incluso realicen alguna labor social o contar con brazaletes electrónicos y a partir de ahí, comenzar a trabajar la parte de la reinserción social”, planteó.
