José Antonio Lara Duque, especialista en Derecho e integrante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, indicó que cuando una persona privada de la libertad muere, se extingue toda acción legal en su contra ya no hay nada -en términos penales- qué perseguir contra esa persona, salvo el aseguramiento, la confiscación o el decomiso de sus bienes.
Cabe señalar que ante la consulta al Poder Judicial del Estado de México respecto a qué sucede con los expedientes o casos en los que está involucrada la PPL que fallece, se optó por no brindar información al respecto.
Muerte en la cárcel
Por cuanto hace a la estadística de muertes registradas dentro de los centros penitenciarios, señaló que sigue siendo una cifra negra debido, primero, a que las autoridades no lo documentan debidamente y segundo, porque la mayoría son por hechos violentos y las hacen pasar por motivos de salud.
De acuerdo a estimaciones, indicó que de manera anual aproximadamente se registran entre 12 y 15 muertes en un penal.
“Este es uno de los temas con mayor opacidad del sistema penitenciario en el país, por una razón, es prácticamente imposible que las autoridades reconozcan muertes en penales por motivos violentos, porque pone en evidencia que los centros no están funcionando de forma debida como para garantizar la vida de los internos”, dijo.
Señaló que hay dos tipos de presos, los que siguen siendo visitados por familiares y los olvidados, lo cual dijo, es fundamental en este tema, puesto que los alcances del seguimiento de una muerte en penales dependen fundamentalmente si hay o no familiares en el exterior que reclamen por la vida de la persona fallecida y demanden el esclarecimiento de la muerte en caso de haber indicios de que fue a consecuencia de una riña u otros actos violentos, de ser olvidados, aseguró que los cuerpos van a dar a fosas comunes.
En este sentido, puntualizó que se estima que la población masculina en proceso, prácticamente el 90% siguen manteniendo contacto con familiares, pero cuando tienen sentencia se advierte un descenso a un 50%, es decir, una persona ya sentenciada tiene altas posibilidades de que sus familiares se olviden de ellos.
En cuanto a la población femenina, comentó que de igual manera el 90% de las procesadas cuenta con apoyo de familiares; sin embargo, cuando son sentenciadas sólo entre el 20% y 30% tienen dicho apoyo.
Pandemia
De acuerdo con el informe del Observatorio de Prisiones de Documenta A.C. una organización de la sociedad civil, señala que las autoridades penitenciarias y corresponsables no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa del virus SARS-CoV-2, las medidas de prevención aplicadas y demás.
Refiere que a nivel federal, el gobierno presentó el “Protocolo de actuación para la atención de Covid-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos)”, un plan que presenta acciones para las etapa de prevención y atención a la emergencia, pero que únicamente contempla el aislamiento en caso de contagio y gravedad, y hace mención de traslados a hospitales para recibir atención médica, sin presentar las acciones concretas y detalladas al respecto.
De acuerdo con su estadística, desde el inicio de la pandemia en 2020 y hasta el mes de julio del presente año, se habían reportado 3 mil 501 casos confirmados de Covid-19 en prisiones, así como 256 decesos, de los cuales 56 corresponden a la entidad mexiquense, es decir, el 21.8% del total.
