Entre el periodo 2021 y 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), ha emitido 26 recomendaciones a diferentes autoridades estatales y municipales, mismas que si bien, en su totalidad fueron aceptadas, sólo el 30% se han cumplido.

Durante el año 2021, se emitieron 10 recomendaciones, de las cuales, siete se cumplieron y tres están en proceso. Las recomendaciones fueron hacia la Secretaría de Salud; las autoridades municipales de Toluca, Ecatepec y Zumpango; al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; la dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

En 2022, la Codhem, emitió 12 recomendaciones, de las que una ha sido cumplida en su totalidad y 11 están en fase de cumplimiento, estas fueron emitidas a las autoridades de salud, las municipales de Nezahualcóyotl, Tultepec y Toluca, así como a la Secretaría de Seguridad.  

Por lo que respecta al 2023 se han emitido cuatro recomendaciones, mismas que están por cumplirse. 

La información aportada por la Codhem, muestra que de las 26 recomendaciones emitidas, 8 ya se cumplieron y 18 se encuentran en fase de cumplimiento. 

“El avance en el cumplimiento por parte de las autoridades e instituciones estatales y municipales, deriva de manera primordial de la diversidad en los puntos recomendatorios, por ejemplo, la Codhem solicita medidas que se pueden cumplir en un corto o mediano plazo, como la impartición de cursos de capacitación a las personas servidoras públicas de la institución que recibió la Recomendación, el inicio de procedimientos administrativos contra el personal involucrado y disculpas institucionales a las víctimas, entre otras”, indicó la Comisión.

En este sentido, indicó que la atención de las recomendaciones depende de diferentes factores como: la asignación de recursos materiales y económicos para la remodelación o construcción de instalaciones públicas; la adquisición de equipos tecnológicos o médicos para atender a la ciudadanía; y en otros casos, se requiere el análisis de la legislación estatal y municipal vigente, así como estrategias para la elaboración de protocolos, reformas en la normatividad y la implementación de medidas de no repetición, entre otras acciones.