Al rendir su Informe Anual 2021-2022, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, José Guadalupe Luna Hernández, afirmó que la política estatal anticorrupción sigue empantanada, debido a resistencias y la existencia de redes de complicidad incluso al interior del propio sistema.
“Puedo decir con franqueza que las resistencias que existen en el Sistema Anticorrupción frente al CPC denotan la poca comprensión que existe sobre nuestra naturaleza y las ventajas de nuestras aportaciones. La oposición y obstruccionismo sólo esconden el temor a la crítica y el perverso interés de hacer valer las autonomías institucionales como ínsulas de discrecionalidad y arbitrariedad”, exclamó
Enfatizó que, si realmente existe una convicción por combatir la corrupción, los servidores públicos deben dejar de identificar la opinión del CPC como un factor de riesgo y en su lugar, aprovecharlo como una ventaja para corregir aquello que no están haciendo bien o que deja la puerta abierta para los actos de corrupción.
En este último año, dijo, se enfocó la labor a recuperar la autoridad moral del Comité en el seno del sistema y frente a la sociedad, para asegurar una actuación responsable, respetuosa, pero disruptiva.
“Nuestra actuación durante este año fue responsable, respetuosa, pero disruptiva cuando fue necesario, no quise que la presidencia y el CPC quedaran atrapados en los márgenes de domesticación y de la vida políticamente correcta. Frente a la coincidencia de voluntades para conservar el estado de impunidad persistente, es nuestro deber ético y constitucional asumir una postura decidida, valiente y comprometida”, sostuvo ante la presencia de titulares de Contralorías internas de organismos autónomos y de Poderes del Estado.
Asimismo, el presidente del CPC, lamentó la lenta elaboración y desarrollo de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), pues dijo, si bien en el estado se cuenta con una política en la materia aprobada hace dos años y una metodología para el diseño del programa de implementación desde agosto de 2021, apenas este lunes 10 de octubre entró en vigor.
Cabe señalar que la PEA se publicó en Gaceta de Gobierno y con ello, se da cuenta de 2, 4 y 6 años para su aplicación y la intensificación de los integrantes del Sistema Anticorrupción en las labores para el diseño del impacto presupuestal.
Sobre los resultados dados, indicó que de las 71 acciones específicas a desarrollarse de 2021 a 2022 cumplieron el 75%, destacó que lograron hacer más transparente, amplio y efectivo su portal web y el modo de desarrollar sus sesiones; aprobaron 61 acuerdos; se conformó la Red Ciudadana Anticorrupción integrada por cinco subredes: la empresarial, profesionista, sociedad civil organizada, medios de comunicación, academia y de inclusión; se concretaron investigaciones y exhortos para la indagación de posibles faltas administrativas o actos de corrupción; y lograron la conformación de 119 CPC municipales; sin embargo, denunció públicamente las agresiones, los intentos por impedir que ejerzan sus atribuciones y la presión sobre las contraprestaciones de la que son víctimas quienes los conforman.
“Les ofrezco irme de la casa, dejando el espacio y el tiempo necesario para que el nuevo liderazgo adquiera toda la fuerza, todo el respaldo y represente la labor del componente ciudadano en el sistema anticorrupción. Nuestra red ciudadana está más viva que nunca, y aunque habrá interés para debilitarla, porque les incomoda, espero que siga creciendo e impulsando acciones”, expresó.
