En el Estado de México, de acuerdo con la directora general del Centro de Integración Juvenil Federal, Carmen Fernández, los consumidores más asiduos de estupefacientes se encuentran en el rango de los 10 y los 24 años de edad, siendo el alcohol lo más consumido con una incidencia del 85%.

Además, el cannabis es lo segundo más consumido en un 80%, seguido del tabaco en un 78% y las metanfetaminas en un 62.2%, mientras que otras drogas como el crack y la heroína ocupan menos del 10%.

Lo anterior, se dio a conocer tras iniciar la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXI Legislatura el análisis de la iniciativa para que los centros de tratamiento contra las adicciones sean verificados, inspeccionados y vigilados por la Secretaría de Salud y de ser el caso, puedan ser clausurados.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Quiroz Fuentes, quien refirió que es necesario que los centros de atención a las adicciones cuenten con mayor supervisión, pues algunos operan sin norma alguna, poniendo en riesgo la vida e integridad física de quienes se encuentran en tratamiento.

Señaló que de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones, en México operan 2 mil 27 centros de rehabilitación, de los cuales sólo 426 cumplen con las normas, es decir, el 21% solamente.

Al tomar la palabra, la diputada morenista, Beatriz García Villegas, se pronunció a favor de la iniciativa, pues dijo, en muchos de estos centros se trata con crueldad a las personas que ingresan, realizando prácticas como golpes, humillaciones, chapuzones de agua helada, días sin comer, entre otras, sistema que lo único que provoca es que las personas vuelvan a recaer.

“Es común que familiares, quienes a través de engaños, permiten que personal de estos centros se lleven con uso de violencia a las personas con problemas de adicción, digámoslo de manera clara, eso no es atención, eso es un secuestro, este ‘modus operandi’ tiene como finalidad de cobrar dinero a las familias, pero no tiene impactos positivos en la salud de las personas”, subrayó. Para robustecer la iniciativa, los integrantes de la comisión, acordaron invitar a funcionarios de las secretarías de Salud y Seguridad, así como del Instituto estatal Contra las Adiciones para que den sus aportaciones en el tema