Al hablar sobre las implicaciones que traería la Reforma Electoral o el llamado Plan B, la Vocal Ejecutiva del Distrito 05 de Teotihuacán, Claudia Valdés Cid, aseguró que la propuesta del mandatario Andrés Manuel López Obrador está basada en la improvisación, pone un freno a la democracia del país y estaría violentando por lo menos 10 derechos político electorales.
Informó que este plan contempla la reducción del personal de las Juntas Distritales, pasando de cinco integrantes a tres y concentrando las decisiones en una sola persona, lo cual dijo, conllevaría a tener un menor número de personal enfocado a construir un padrón electoral y una lista nominal confiable y verificable.
Ejemplificó que, en el caso del Estado de México, si la reforma se aplica, en el Valle de México tendría a un miembro del servicio profesional que deberá atender 13 mil 500 casillas, actualmente atiende poco más de 500 casillas.
A la par, indicó que la propuesta del gobierno federal considera que, de ser necesario, el INE podrá contratar a personal “provisional”, apostándole así a la improvisación, lo que se traduciría en mayores errores en la capacitación de funcionarios de casilla, así como de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales.
“Somos un instituto muy regulado, cada una de nuestras acciones encuentra sustento en alguna ley, norma o acuerdo… con el Plan B se reduce el personal, se reducen las áreas en oficinas centrales y tendríamos riesgo de no contar con los elementos suficientes para garantizar el desarrollo de nuestras actividades”, señaló.
Por otra parte, comentó que el Plan B plantea reducir el porcentaje de insaculación para seleccionar a los ciudadanos que pudieran ser funcionarios de casilla, pasando del 13% al 10%, situación que aseguró, complicaría garantizar que el día de la jornada electoral contarán con el personal necesario para operar las casillas, pues aún con el 13% requerido hoy en día, suelen tener que tomar de la fila a ciudadanos por falta de funcionarios.
“Actualmente con el 13% no hay en las secciones electorales, el número suficiente de ciudadanos que acepten o cumplen con los requisitos para ser funcionarios. Al reducir al 10% la situación se agravará y al no tener los ciudadanos capacitados suficientes para participar, como dice la ley, se tendrá que tomar de la fila a ciudadanos, por lo tanto, se traducirá en un mayor número de errores en el llenado de las actas y eso a su vez se traduce en mayores paquetes recontados para garantizar la certeza en la emisión del voto”, explicó.
Afirmó que las elecciones del Estado de México y Coahuila están salvaguardadas de aprobarse la propuesta; sin embargo, sí se pondría en riesgo la elección presidencial, pues tendría ciertas implicaciones, sobre todo, en equidad de la contienda, transparencia, y la guardia y custodia de los derechos políticos y electorales.
