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El mayor caso de corrupción

 

La FGR integró la carpeta de investigación a partir de las denuncias realizadas por el abogado Paulo Díez, quien señaló como “un abuso del sistema judicial


La demandante del caso fue la Fiscalía General de la República (FGR), quien acusó ante un juez Federal que la filial Obrascon Huarte Lian (OHL) actuó de manera ilegal para adquirir la concesión y explotar la vía elevada, en el año 2008, con el apoyo de diversos funcionarios públicos.

La FGR integró la carpeta de investigación a partir de las denuncias realizadas por el abogado Paulo Díez, quien señaló como “un abuso del sistema judicial, una práctica común de Aleatica (antes OHL) y de la anterior administración del Estado de México, la inasistencia de los involucrados a la audiencia de este jueves 4 de enero”.

De acuerdo a la acusación judicial, el Viaducto Bicentenario se construyó sobre una vía general de comunicación que corresponde a la carretera México-Querétaro, la cual es federal y donde se encuentra incorporada la vía de 22 kilómetros, conectando al Estado de México con la Ciudad de México, en la zona metropolitana, desde el municipio de Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan.

Sin embargo, las concesiones sobre vías generales sólo pueden ser otorgadas por el gobierno federal y no así por los gobiernos estatales. 

A pesar de ello, el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a OHL un título de concesión, en 2008, para construir el Viaducto Bicentenario, dándole el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje, de las más altas en el Estado, desde el momento de su puesta en marcha y hasta el año 2038.

Para hacer “legal” la concesión, en la administración de Alfredo del Mazo Maza, los funcionarios involucrados firmaron un documento en el cual se estableció que el Gobierno federal entregó en 1983 el control de éste bien nacional. Empero, lo único que se cedió en ese supuesto documento fue un pequeño ramal, no la concesión para la explotación de la vía federal.

De haber una resolución a favor al final del juicio, el Gobierno Federal recuperaría la vía que ha sido explotada durante más de 10 años con tarifas que oscilan entre los 7 pesos a los 121 pesos el tramo más largo y donde se estima que diariamente circulan más de 33 mil 339 vehículos, indican datos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).