En el Estado de México hay 7 mil 573 personas que se encuentran en prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, informó el magistrado presidente del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, al negar la cifra dada a conocer por la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
“Los datos que dieron las autoridades federales no son exactos”, reviró el también magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
De acuerdo a Sodi Cuellar, en las cárceles mexiquenses hay un total de 35 mil personas privadas de su libertad, de las cuales 27 mil ya están sentenciadas, es decir, más del 77 por ciento.
Asimismo, indicó que en el estado no existe tardanza en los procesos y las resoluciones por parte de los jueces, existe retrasos por conveniencia de las defensas.
“En términos generales no hay rezago en los procesos judiciales, los casos donde existen procedimientos de más de 15 años es, porque así les conviene a sus intereses de las defensas”, precisó.
Ricardo Sodi Cuellar, sostuvo que no son los jueces quienes dictan prisión preventiva, sino el Ministerio Público es quien pide al juez esta medida cautelar.
Por ello, indicó, será trabajo del Ministerio Público el analizar y verificar cuál medida cautelar de las existentes es la indicada para el imputado, garantizando y probando tres aspectos: que el imputado no vaya a evadir la acción de la justicia; que cumpla con sus obligaciones procesales; y que no corra peligro la víctima.
Fue durante la conferencia matutina del 16 de abril, cuando la secretaria de Gobernación, informó de los supuestos riesgos que se correría en caso de invalidar la prisión preventiva de oficio, derivado de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Luisa María Alcalde, señaló que entre los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.
Apuntó que el número era alto, porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse.
