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Demanda Unidem dar marcha atrás a impuestos ambientales

Francisco Cuevas Dobarganes, director de la Unidem. 

Nuevas contribuciones, que entrarían en vigor el 1 de abril de 2024, implicarían un incremento del 289 por ciento en ingresos por ese concepto


La Unión de Industriales del Estado de México (Unidem), demandó dar marcha atrás a impuestos ambientales que sólo tienen como finalidad incrementar la recaudación y no cuidar la ecología.

El director de la Unidem, Francisco Cuevas Dobarganes, pidió a la gobernadora  Delfina Gómez y a la Legislatura estatal, realizar una revisión de esos impuestos contemplados en el presupuesto estatal 2024.

El paquete fiscal del próximo año, añadió, considera iniciativas para reformar el Código Financiero del Estado de México y  contempla tres nuevos impuestos que tendrían que absorber las empresas mexiquenses.

Estos nuevos gravámenes son por la Emisión de Contaminantes al Agua, por la Disposición, Confinamiento y Almacenamiento de Residuos y por la Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales Pétreos, dio a conocer el dirigente empresarial.

Y dijo que nuevas contribuciones, que entrarían en vigor el  1 de abril de 2024, implicarían un incremento del 289 por ciento en ingresos por ese concepto.

Cuevas Dobarganes, subrayó  que cuando hay planteamientos de este tipo suena bien, y se piensa que por el hecho de que las empresas los paguen ya se va a contaminar menos, pero no es así, pues estos impuestos sólo buscan recaudar y las empresas terminan tramitando amparos.

En el Estado de México, compartió, las empresas del ramo industrial han hecho un esfuerzo importante por dejar reducir sus emisiones, sobre todo las del ramo textil y químico, que son las que más llegan a contaminar el agua, cielo o aire.

Muchas de ellas, además de las siderúrgicas ya no están instaladas en la entidad, justo por temas ambientales y de regulación; la mayoría emigraron de la entidad desde los años noventas.

De acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Ambiental de Unidem, no se ha demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de impuestos ambientales en la entidad, contravienen la Ley General del Equilibrio Ecológicos y la Protección al Ambiente, al ser sólo recaudatorios y por ello desincentivan la inversión nacional y extranjera y justo ahora que las empresas analizan la reubicación por  el efecto del nearshoring.

Cuevas Dobarganes, enfatizó que la propuesta considera un incremento desproporcionado del 132 por ciento en el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera, al aumentar de  $43/ton CO2e, hasta $100/ton CO2e.

Mientras que por el tema de residuos, la nueva carga impositiva afecta el manejo de sólidos, cuando en la entidad se busca migrar hacia la economía circular, basada en la conservación o la mejora del valor de los materiales e instrumentos.
El director de la Unidem, que concentra las empresas más grandes de la entidad,  indicó que el nuevo impuesto por residuos, incrementaría el costo a las empresas, pues establecen el cobro de 100 pesos por tonelada de residuos dispuestos confinados o almacenados.

Y en el rubro del impuesto a la emisión de contaminantes al agua, se establece una cuota de 108 metros por cada metro cúbico afectado, mientras que para contaminantes metales será de 141 pesos, sin embargo, hay referencias erróneas al pretender cobrar de acuerdo a la norma en la materia que es jurisdicción federal, y no sería aplicable a cuerpos estatales ni a alcantarillado urbano y municipal, y además de ello, no sería adecuado cobrar por tratamiento de aguas residuales cuando gran parte de los municipios no existe este servicio.

En este sentido, el empresario informó que han mantenido contacto con otras organizaciones empresariales, debatiendo sobre la inviabilidad de estos nuevos impuestos que considera el Paquete Fiscal 2024, por ello,  ya se envió un escrito a la gobernadora en la que se solicita dar marcha atrás a la propuestas y al mismo tiempo pidieron a la Legislatura del Estado de México que no se apruebe la referida iniciativa. Por ello, consideró que estos nuevos gravámenes hacen menos competitivas a las industrias mexiquenses e incluso, desincentivan la inversión, por lo que sería más eficiente que haya una mayor supervisión, pero evitando la  corrupción.