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Anuncian Pacto Estatal para frenar la violencia política contra mujeres

Se busca que las diversas fuerzas políticas asuman 9 compromisos en favor de la igualdad sustantiva, la paridad y frenar la violencia política en razón de género, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México anunció que impulsará la firma de un Pacto Estatal que se materialice antes de que inicie el Proceso Electoral de 2023.  

La presidenta del Observatorio, Leticia Victoria Tavira, señaló que, si bien se han logrado avances en el tema de la paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, teniendo una Legislatura paritaria por segunda ocasión, aún se siguen teniendo tareas pendientes.  

Entre los compromisos que dijo, deberán adquirir los partidos son: asumir el compromiso de integrar un gabinete estatal paritario, así como gabinetes paritarios en los 125 Ayuntamientos, e impulsar una agenda legislativa de avanzada que genere beneficios en favor de las mujeres.  

Lo anterior se deriva, comentó la también presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), de un diagnóstico que desde el seno del Observatorio se realizó tomando como muestra 71 de los 125 municipios mexiquenses, en donde se reflejó que únicamente 11 ayuntamientos contaban con una integración paritaria de sus gabinetes y los 60 restantes no.  

“Lo que estamos haciendo con este pacto es contar con un compromiso por parte de los partidos políticos que participarán en la próxima elección para renovar a la gubernatura, para que independientemente de la fuerza política que gane, pueda estar integrando un gabinete paritario, porque este tema es parte de las tareas pendientes para ir avanzando en la igualdad sustantiva”, dijo.  

Y es que recordó, el principio constitucional derivado de la Reforma de 2019 refiere que la paridad debe existir en todo y esto no sólo en cargos de elección popular, sino también en los poderes públicos, en los tres órdenes de gobierno y en los partidos políticos.  

Si bien, dijo, el incumplimiento al pacto no tendría consecuencias legales para las y los firmantes, sí sería un tema moral y ético.  

“Debemos garantizar y mantener vigentes los derechos políticos de las mujeres sin mayor condicionante, alentando una participación sustantiva y sostenida a través de acciones cuyo eje articulador conlleve a reducir las vulnerabilidades a las que se enfrentan”, resaltó.

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