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Opinion / 

Obispo y capos dialogan

Capital Digital
Capital Digital redessociales@capitalmedia.mx
Hace 3 semanas
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Por José Reveles

La semana pasada le decía en esta columna que la narcopolítica “no es un infierno por venir; está presente, viva y actuante”.

Se dio la coincidencia de que, cuando escribía aquí esas frases, en referencia al asesinato de por lo menos 128 alcaldes, exmunícipes y candidatos a esos puestos en los dos sexenios recientes, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, andaba precisamente dialogando con un alto capo del narcotráico, el cual –sin revelar su identidad– le ofreció al prelado ya no andar ejecutando a presidentes municipales o candidatos.

Los narcos van a respetar “a los candidatos y a quien elija el pueblo”, le prometieron a monseñor Rangel, pero con dos condiciones:

–Que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto, sino que mejor hagan obras de beneficio para las comunidades, como calles o caminos.

–Y que los políticos cumplan lo que prometen, porque cuando llegan al poder se olvidan de la gente.

Por boca del obispo, resulta que los capos del narco dominan el lenguaje de los políticos y funcionarios electorales, porque los cultivadores de amapola y marihuana “están en favor del voto libre, razonado y, sobre todo, secreto”, detalló monseñor Rangel Mendoza quien, a quererlo o no, se asume como vocero de esa parte oscura de la sociedad, la que actúa en la ilegalidad y produce plantas y sustancias cuya siembra, cosecha, transformación y comercio nacional e internacional
están prohibidos por la ley.

“Yo me relaciono con ellos (con los capos) y no les pido ni dinero ni una posición política. Yo ando tratando de ayudar a la gente, de servir para que Guerrero vaya por
los caminos de la paz y la concordia, evitando asesinatos. Yo hablo con unos y con otros y sólo les pido que no asesinen, que no secuestren y que traten bien a la gente”.

Con tan encomiables intenciones, el prelado guerrerense logra una mezcla explosiva entre Iglesia, narcos y coyuntura electoral en una de las entidades que se distingue precisamente por una añeja violencia, donde sigue sin ser resuelto de manera razonable el tema de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos hace tres años y medio.

A la Procuraduría General de la República no le basta con tener encarceladas a 130 personas como presuntas responsables de haber participado armadas en la trágica
noche de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Otra coincidencia en el tema brotó en informes oficiales del gobierno de Chihuahua, según los cuales el grupo traficante de Los Salazar, aliados del Cártel de Sinaloa, tienen la capacidad de influir en el nombramiento de candidatos a puestos de elección popular, particularmente en los municipios de Chínipas, Guadañares, Urique, Témoris, Bahuichivo y otros más de la sierra, algunos colindantes con Sonora.

Esta colusión de autoridades y narco la describió con nombres, apellidos y circunstancias la periodista Miroslava Breach y ello fue motivo para que criminales la liquidaran a balazos a las puertas de su casa.

Esto ocurrió hace más de un año y es posible que el asunto sea atraído por autoridades federales dada la lentitud en las investigaciones por parte del gobierno chihuahuense, más allá de que está detenido hace más de tres meses el lugarteniente de Los Salazar, Juan Carlos Moreno Ochoa,
apodado “El Larry”.

El mismo grupo delictivo habría desaparecido al periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, y asesinado al activista Nepomuceno Moreno en Hermosillo, Sonora,
en 2011.

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