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En la mira la SCJN

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Especialistas prevén retroceso en telecomunicaciones si Corte ampara a empresa de Slim


Especialistas en temas de telecomunicación advirtieron que el proyecto de sentencia que propone amparar a Telcel en contra de la prohibición de cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras es un retroceso en la materia.
Explicaron que el análisis que tiene en sus manos el ministro Javier Laynez pone en peligro los beneficios de la Reforma en Telecomunicaciones y de otras más que benefician al consumidor final y propician una mayor competencia.
“De acuerdo con la interpretación desarrollada en el proyecto del ministro Laynez, se pone a la par del Congreso a los órganos reguladores”, argumentaron.
Los especialistas consultados señalaron que los efectos que podría tener el permitir que Telcel le cobre a sus competidores por la interconexión de llamadas incluyen el aumento de precios de paquetes telefónicos. Como resultado de esta medida, al día de hoy las tarifas han bajado aproximadamente 40 por ciento en comparación con las que existían antes de la reforma. Además que los competidores de Telcel eliminen llamadas ilimitadas en sus paquetes para México, EUA y Canadá o, en el caso de los paquetes no limitados, el aprovechar tus minutos en cualquiera de los tres países.
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones señala que “la ley, en ningún momento, fija una tarifa; el artículo 131 lo que establece es una prohibición de cobro al agente económico preponderante, en este caso América Móvil”.
Agregó que esta regulación asimétrica “aplica porque un solo operador tiene más de 50 por ciento del sector telecomunicaciones en sus manos, para ser precisos, aproximadamente 65 por ciento y no puede cobrar a su competencia por la terminación de llamadas en su red porque es dueño de todo el pastel desde hace más de 20 años, lo que no permite crecer a su competencia”.
Los especialistas coinciden en que será a mediados de esta semana cuando se discuta el tema, por lo que hacen un llamado al análisis profundo para evitar daños colaterales en otros sectores por la posible decisión adversa que se dé.