Antonio Navalón
@antonio_navalon
Lo reconozco, ahora el mundo vive una época en la que los umbrales del horror se van incrementando mes tras mes, atentado tras atentado, brutalidad tras brutalidad y escándalo tras escándalo.
Sin embargo, ese panorama no disminuye el hecho de que los mexicanos sigamos queriendo lo mejor para nuestro país.
Y lo mejor es que, por una parte podemos reconocer que las noticias sobre nuestra economía han sido más positivas de lo esperado. Pero por otra, tenemos que prepararnos para seguir presenciando el escándalo nacional e internacional en el que se ha convertido la historia interminable de Ayotzinapa.
Porque ahora con el informe del tercer peritaje realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el problema lejos de haberse aclarado, se ha complicado por varias razones.
Primero, porque naturalmente los familiares de los desaparecidos no se resignan a la dolorosa explicación de que sus hijos se han esfumado en el basurero de Cocula.
Y segundo, porque cuando se hizo público el primer informe del grupo de expertos de la CIDH, la instrucción vía Twitter del Presidente para que la procuradora Arely Gómez colaborara con el GIEI, no sólo generó sospechas, sino también dio paso a una situación realmente paradójica.
En ese sentido, se entiende la desconfianza que le tenemos a las autoridades, sin embargo, nunca hubo garantía de que los expertos iban a alcanzar unas conclusiones definitivas que cambiaran la línea de trabajo que se había seguido.
Y en efecto, eso no sucedió, ya que después de que el GIEI hiciera su primer informe, se ordenó que la PGR trabajara con ellos conjuntamente.
Ahora, con el divorcio de estas dos instancias no sólo carecemos de un informe concluyente que permita saber si el ex procurador Jesús Murillo mintió o no, sino que tenemos los datos de una realidad que no es definitiva y que arroja más combustible a la hoguera de nuestra desconfianza hacia las autoridades.
Pero en cualquier caso, lo peor de todo esto es nuestra aportación al ránking mundial del horror.
Porque sólo en algunos estados de formación violenta como el EI y en estados como los de África donde sus gobernantes han sido juzgados por la Corte Penal Internacional, es posible vivir con el hecho de subir en autobuses a 43 ciudadanos, torturarlos, asesinarlos, quemarlos y finalmente evaporarlos.
Hoy el humo de Cocula no sólo ha cegado nuestros ojos, sino también el sentido de la vergüenza nacional, haciendo así cada vez más importante la necesidad de encontrar una explicación plausible para esta situación.