Tanto la consulta popular del pasado domingo 1, así como la revocación del mandato, prevista, para marzo de 2022 son los reactivos necesarios de Morena para mantener en la palestra, el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, como su único activo político capaz de generar reacciones que ni el propio partido en el poder puede generar.
El presidente ya lanzó el anzuelo para que el círculo rojo comience a trabajar en una contraréplica. Grave error. Subirse a un debate que se encuentra en la cancha del legislativo es entrar en la visión maniquea de la cuatroté. Será como un round de sombra los próximos meses.
La figura de revocación de mandato existe en el país desde el 20 de diciembre de 2019, a raíz de una reforma constitucional que define a la revocación de mandato presidencial como un derecho de la ciudadanía y contempla también la aplicación de este procedimiento en las entidades federativas. Sin embargo, está pendiente la expedición de la ley reglamentaria del proceso revocatorio; así como la armonización de diversos ordenamientos sobre delitos electorales.
Aún así, en la mañanera, el presidente soltó el zarpazo: “Que se vuelvan a agrupar, para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación del mandato, esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, llevada a cabo por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los ciudadanos renuentes a la revocatoria, uno de cada cuatro (25%) prevé, como consecuencia de esto, una crisis política que perjudicaría al país. Además, 11% considera innecesaria la revocación porque existe la posibilidad de castigar con el voto en las “siguientes elecciones”, mientras que 7% no comulga con ella por los costos adicionales que representa.
De acuerdo con la reforma al Artículo 35 constitucional, la revocación de mandato podrá solicitarse en el marco del tercer año de Gobierno del presidente en turno. La ciudadanía podrá llevarlo a cabo al presentar firmas equivalentes al tres por ciento de la lista nominal y tendrá como plazo de noviembre al 15 de diciembre. Si el Instituto Nacional Electoral da el visto bueno, la votación se realizaría en marzo.
Sin embargo, aunque hay riesgos de inestabilidad política y de polarización al poner en debate un tema que le da dividendos al partido en el poder ya que su objetivo es mantener su marca en el tema de discusión.
La trampa ya está puesta por parte de Morena, ya que el Congreso de la Unión no ha aprobado las leyes reglamentarias pese a que tenía para hacerlo un plazo de 180 días a partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación a finales de diciembre de 2019. Es decir, suma un atraso de un año. Pero el debate ya se comenzó a calentar desde la mañanera.