Cuando vino el cambio en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre de 2014, el dilema fue el de profundizar una de las tareas clave de tipo político de cara al Estado o convertirla en una posición de cacicazgo de grupo. La salida fue de burocracia política.
El entonces rector de la UNAM, el priísta José Narro Robles, movió los hilos de poder y logró poner en la presidencia de la CNDH al entonces abogado general de la Universidad, Luis Raúl González Pérez; sólo que ahora el priísta Narro es miembro del gabinete priísta presidencial y por tanto la CNDH perdió el rumbo porque no es capaz de asumir que la violación de derechos humanos tiene que enjuiciar a estructuras de poder.
La designación de González Pérez se dio en la coyuntura del secuestro y asesinato de 42 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; rebasada la CNDH por su dependencia del poder político priísta, la agenda pasó a la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA para favorecer el juego político mexicano de su secretario ejecutivo Emilio Alvarez Icaza. México ha sido sentado en banquillos supranacionales de derechos humanos por la inexistencia en los hechos de la CNDH.
Las quejas de ciudadanos, periodistas y activistas de DH afectados por la represión deben endosarse al exrector Narro: buscó la Comisión para su cacicazgo político priísta no para la atención a víctimas de la represión.
Nunca en sus veinticuatro años de existencia la CNDH se había visto rebasada por la crisis en derechos humanos, pero con la circunstancia agravante de que la violación de garantías podría estar potenciada por la incapacidad de la Comisión para procesar quejas.
El principal interesado en que la CNDH funcione debería ser el gobierno federal, porque los casos no atendidos ni resueltos pasan casi en automático a organismos internacionales donde México queda exhibido como país bananero. Y lo peor de la designación de González Pérez fue la intención del entonces rector priísta Narro Robles de usar la institución como un cacicazgo político y no como un organismo del Estado con la principal tarea de toda transición política: la contención de las estructuras autoritarias.
Por tanto, la crisis de los derechos humanos en México se le debe acreditar no al presidente de la Comisión González Pérez sino al responsable de su designación, el priísta Narro Robles, hoy secretario de Salud del gabinete presidencial. En los hechos, la CNDH carece de rumbo, no tiene definiciones, es un hipopótamo por su burocracia, le falta dinamismo para atender quejas y da la impresión que no quiere afectar al PRI. Y no es que la violación de derechos humanos rebase a la Comisión, sino más bien la Comisión actual está pasmada, y retrasada.
El escándalo internacional por la matanza de periodistas en Veracruz –y la represión de comunicadores en otras partes– debe endosarse a la incapacidad de la CNDH para operar mecanismos serios y enérgicos de defensa, dejando la impresión de que los compromisos políticos de Narro con el PRI que eligió a González Pérez son mayores a la defensa de los periodistas reprimidos.
El reflujo del México autoritario sería la evidencia del fracaso de la CNDH de González Pérez y su padrino Narro Robles. Y apenas lleva año y medio en el cargo.
Política para dummies: La política es el mundo al revés pero con los ciudadanos al derecho.
CARLOS RAMÍREZ
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