Con el impulso de las reformas estructurales, lo que se debe cuidar es que se proteja a los consumidores y al mercado a nivel macro para evitar que existan agentes preponderantes que apuesten más a su favor y poco en pro de los consumidores.
Recientemente se ha analizado la conveniencia de regular la “preponderancia” por sector o por servicios, prevaleciendo la postura de que el poder reformador de la Constitución había optado por la primera hipótesis.
El tema es que no sólo se trata de agentes preponderantes en un mercado. Sino que la competitividad también es un tema que se empareja para tener más claro los componentes que hacen que le dan viabilidad al mercado.
El país requiere grandes consensos para implementar los cambios necesarios, éstos deben ir acompañados de propuestas concretas que se puedan avanzar en cada uno de los temas relevantes.
Así que evitar malas prácticas en materia de competitividad y tener mercados con apertura, pero sin excesos es uno de los ideales a los que aspira una economía sana y moderna. La competitividad de un país no puede reducirse solamente al PIB y a la productividad porque en el desempeño de las empresas también influyen las dimensiones políticas, sociales y culturales.
México tiene la responsabilidad de consolidar un consenso que reconozca que es inevitable participar en los mercados internacionales y que la economía mexicana puede competir, pero que se requieren cambios significativos en la forma de funcionar del gobierno a distintos niveles. En este entramado, México debe promover y aplicar políticas encaminadas a simplificar los trámites comerciales, así como a mejorar la competencia y la competitividad de las industrias nacionales.