El Gobierno de México presentó, por los conductos diplomáticos correspondientes, la solicitud formal de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Tal petición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las tres restantes por causas del fuero común, por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, añadió en un comunicado.
Una vez analizada la petición por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, hoy turnó a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación de aquel país, la petición formal citada.
Por ello, la PGR está a la espera de que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solicite al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá que dé fecha de audiencia para la prosecución legal del procedimiento, lo cual se espera ocurra en los próximos días.
Borge Angulo fue detenido el 4 de junio por elementos de la Interpol en coordinación con la PGR por la venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.
La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por tales hechos la PGR aseguró como medida precautoria 25 inmuebles.
Un día después de su aprehensión, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá calificó como legal la detención de Borge y dio 60 días al gobierno de México para formular la solicitud de extradición.
En caso de que el juez de la causa dé el visto bueno, la solicitud volverá a la Cancillería, que tomará la decisión final. Si la respuesta es positiva, México tendría 60 días para proceder con el traslado del exgobernador al país.
Difieren audiencia
En tanto, la diligencia incidental en el juicio de amparo por la cual se debería definir la suerte jurídica de Javier “N” en las imputaciones en Veracruz, fue diferida; de esta manera se prolongará el inicio del juicio contra el político por delitos del fuero común.
De última hora, la PGR presentó más alegatos previos a que se celebrara tal audiencia, como parte del amparo 614/2017 presentado por la defensa contra los delitos del fuero común, ninguno de ellos considerado como grave.
Allegados a la defensa del exgobernador informaron que no hay una fecha definida para la audiencia inicial para la imputación por los delitos del fuero común y tendrá que ser hasta el 9 de agosto cuando se lleve la diligencia en torno al amparo que promovió el político priísta, y con base en esa resolución sobre la suspensión definitiva en contra de las órdenes de aprehensión, se podrá fijar el calendario del proceso.
El mismo día en que Javier “N” fue traído a México, 17 de julio, un juez federal otorgó la suspensión provisional por dos órdenes de aprehensión contra el imputado por delitos cometidos en Veracruz, aunque estas imputaciones no son consideradas graves y alcanzan la libertad bajo caución.
Se trata del juicio 614/2017 presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal con sede en la Ciudad de México, quien concedió la suspensión provisional contra dichos mandamientos judiciales solicitados por la Fiscalía de Veracruz por delitos en contra del servicio público y del erario estatal. El imputado dejó 6 mil pesos de fianza para garantizar que no se sustraerá de la justicia por las imputaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Aunque la audiencia incidental fue programada para el 26 de julio pasado, se difirió de último momento, y se recorrió el calendario para la audiencia constitucional, y se entrara en el fondo del asunto; sin embargo, la suspensión contra las órdenes de captura sigue vigente mientras el juez de amparo no se pronuncie al respecto.
Niegan prisión domiciliaria
Este jueves, por segundo día consecutivo, Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas de JVeracruz, recibió la negativa de un juez para que su medida cautelar de prisión preventiva sea en su domicilio. El miércoles, el juez de control negó tal posibilidad. El excolaborador de Javier N permanecerá en el penal por haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y coalición, cuando ordenó al exdirector del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Leonel Bustos Solís desviar dos mil 300 millones de pesos para la secretaría de Finanzas y Planeación en 2014.
La Fiscalía General de Veracruz en coordinación con su par en el estado de Puebla, lo detuvieron a el pasado 29 de marzo, tras iniciar la carpeta de investigación 243/2016.
El ex secretario de Finanzas tiene ordenadas dos prisiones preventivas por tres carpetas de investigación, una de estas es la 36/2017, por el desvío de dos mil 300 millones de pesos que el gobierno federal envió para el Seguro Popular