El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero trabajan en la formulación de un convenio de colaboración que les permita construir acuerdos, los cuales puedan hacer llegar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a la Secretaría de Seguridad estatal para que mejoren sus procesos de receptación de quejas, investigación, actuación y operatividad.
José Guadalupe Luna Hernández, integrante del CPC indicó que estudios y encuestas relevan que en el Estado de México se tiene tres puntos en los que la población identifica mayor incidencia de actos de corrupción: en los trámites municipales, ante el Ministerio Público y en el contacto con autoridades de seguridad pública; indicó que 8 de 10 personas perciben comportamientos corruptos en áreas del sistema de seguridad y justicia; que la entidad se identifica como la que tiene una más alta cifra negra en materia de delitos, encabeza la tabla en materia de impunidad; además de tener un déficit de Ministerios Públicos y policías ministeriales por cada 100 mil habitantes.
Ante este contexto, indicó que es necesario que se comiencen a concretar esfuerzos coordinados entre sociedad y gobierno para frenar los actos de corrupción que vulneran derechos humanos.
Por lo anterior, dio a conocer que el CPC junto con la CDH “Zeferino Ladrillero” se trabaja en la formulación de un convenio de colaboración para dos objetivos fundamentales; primero, para que el Centro de Derechos acerque a los organismos con los que tienen relación para que se integren a la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil y segundo, para que a partir de esto, realizar mesas de trabajo a efecto de obtener criterios generales, recomendaciones y propuestas que se puedan presentar a la FGJEM y a la Secretaría de Seguridad para tratar de disminuir la incidencia de actos de corrupción.
Por su parte, Fabiola Vite Torres del CDH “Zeferino Ladrillero”,indicó que considerando que la entidad adolece de transparencia, es necesario que las instancias laboren conjuntamente con la sociedad civil y sumar para generar indicadores de eficacia de las instituciones.
“Hemos conocido los 22 centros penitenciarios del Estado de México y estos nos han arrojado información de campo, donde nos denuncian todo tipo de violaciones a derechos humanos que se llegan a dar, lo cual nos tiene muy preocupados, creemos que esta es una buena oportunidad para ayudar a mejorar la actuación de las instituciones de procuración y administración de justicia”, puntualizó.