El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) analiza 22 casos de Personas Privadas de la Libertad que han sido culpabilizados por delitos de alto impacto y que aspiran a ser beneficiarias de la Ley de Amnistía local.
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi Cuellar comentó que hasta el momento, no ha procedido ninguna liberación de Personas Privadas de la Libertad por el supuesto de delitos de alto impacto.
Indicó que para que pueda proceder alguna de estas solicitudes se requiere que la Comisión Nacional o la Comisión estatal de Derechos Humanos emitan una recomendación al respecto; sin embargo, esta deberá estar debidamente sustentada.
“Una vez instalada la Comisión Especial en materia de Amnistía continuaremos con el análisis de cada uno de los casos especiales recibidos. En este momento no hay ningún caso firme, pero es probable que en próximos días tengamos ya algunos”, comentó.
Ante el hecho de que prácticamente cada jueves, familiares de reclusos y reclusas, así como integrantes de colectivos se manifiestan en el Centro de la Capital mexiquense pidiendo la liberación de sus presos, el magistrado presidente advirtió que cada uno de los casos se habrá de analizar con profundo respeto a los derechos de las víctimas.
A la par, indicó que no se permitirá que los asuntos por delitos de alto impacto sean una desviación de la justicia simplemente por presión social, por lo que su análisis será real, serio, responsable y cauteloso.
Respecto al trabajo que han mantenido con la Legislatura, indicó que cuentan con una plataforma de interconexión, a través de la cual, el Poder Judicial emite una opinión especializada de los casos con los que cuentan para que a su vez, ellos determinen lo conducente, por lo cual informó que será en un par de semanas cuando estén en condiciones de emitir las primeras opiniones generales.
Por otra parte, destacó que hasta el momento se han otorgado más de mil 600 amnistías por delitos de bajo impacto, de las cuales, 74 han sido concedidas para mujeres. “Además de darles una segunda oportunidad, se protegen los derechos de las víctimas garantizando la debida reparación del daño”.