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Refrenda PJ a familiares de “injustamente presos” su apertura al diálogo

 

Familiares de personas privadas de la libertad, los cuales desde hace más de una semana sostienen una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires, se manifestaron este miércoles al exterior de la Escuela del Poder Judicial en busca de un diálogo con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, […]


Familiares de personas privadas de la libertad, los cuales desde hace más de una semana sostienen una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires, se manifestaron este miércoles al exterior de la Escuela del Poder Judicial en busca de un diálogo con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, a fin de exigirle la liberación de los injustamente presos.  

Tras la manifestación, el titular del Poder Judicial sostuvo un breve encuentro con ellos, manifestando su apertura al diálogo y a analizar cada uno de los casos; sin embargo, advirtió que la mayoría de estos, por tratarse de delitos de alto impacto, la vía idónea para darles una solución sería presentarlos a la Comisión Especial en materia de Amnistía de la LX Legislatura.  

Tras puntualizar que la ley de amnistía únicamente contempla dar una segunda oportunidad a primodelincuentes que hayan reparado el daño y a quienes hayan sido culpabilizados por delitos de bajo impacto.  

“La ley dispone que esos casos de delitos de alto impacto y su análisis le corresponden a una comisión legislativa; si esa comisión nos pide una opinión, el Tribunal la emite pero esa opinión no es vinculante ni va a poner a nadie en libertad”, les explicó.  

En entrevista, Sodi Cuellar detalló que hasta el momento, la Comisión Especial remitió recientemente al Poder Judicial solamente una lista con 507 casos; no obstante, ésta no cuenta con un análisis pormenorizado de los casos, por lo que les han tenido que fijar parámetros para que realicen el estudio correspondiente.  

Agregó que para los casos de Personas Privadas de la Libertad que se encuentren recluidos por algún delito grave y con sentencia firme, únicamente podrían ser dos las vías posibles por las cuales pudieran obtener su libertad: encontrar pruebas efectivas que desvirtúen las que sirvieron para acusar y con las que se compruebe su inocencia, o bien, mediante el indulto que pudiera ser otorgado por el Poder Ejecutivo.