Para brindar un verdadero desarrollo económico en el Estado de México, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una iniciativa ante el Parlamento Abierto para que mediante seis puntos se pueda transparentar el actuar de los servidores públicos, se agilice la apertura de unidades económicas y se active la Ley del Seguro de Desempleo, propuesta que obtuvo una mayoría de consensos.
Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Abierto, en la que se analizaron 16 iniciativas ciudadanas, la líder empresarial señaló que en el primer punto propone robustecer la participación ciudadana para hacerla más activa, en donde el Poder Ejecutivo obligue a los ayuntamientos a la instalación de consejos consultivos ciudadanos en sus tareas de obras públicas, desarrollo económico, agua y saneamiento, urbano, movilidad, administración, tesorería, finanzas, seguridad y mejora regulatoria con carácter vinculante; mientras que los poderes Legislativo y Judicial, implementen la figura del Observatorio Ciudadano como órgano de consulta obligada, así como dar carácter de obligatoriedad y vinculación a las contralorías sociales, de tal modo que se puedan generar aportes ciudadanos, denuncias y sugerencias para identificar irregularidades.
En el segundo punto, enfatiza que es necesario establecer como obligatorio el implementar un plan municipal de desarrollo económico o su equivalente, donde se promueva la apertura rápida de empresas, se dé el otorgamiento de licencias de funcionamiento y se agilicen trámites de protección civil, medio ambiente y desarrollo urbano.
En el tercero, obligar a implementar -desde la contratación-, exámenes de control y confianza que deriven en una certificación para los servidores estatales y municipales dedicados a áreas de atención al público que pudieran propiciar actos de corrupción, teniendo como sanción la inhabilitación directa tras haberse comprobado su participación en un acto de corrupción.
Según la propuesta presentada, entre los trabajadores que deberían ser evaluados se encuentran aquellos, quienes manejen recursos y fondos; tales como tesorerías y áreas de compras.
Cabe destacar que en el 2020, el CCEM dio a conocer que se habían reportado al menos 40 casos de intentos de extorsión por parte de falsos verificadores, quienes aprovecharon las deficiencias para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad que existía en ese entonces.
Este delito, de acuerdo a la líder empresarial, se da principalmente en los municipios con alto número de comercios y servicios como son Metepec, Zinacantepec, Lerma y San Mateo, en el Valle de Toluca.
A la par, la líder del sector empresarial señaló que se requiere ingresar la figura del Seguro de Desempleo a mexiquenses que pierdan su fuente laboral por condiciones ajenas a ellos como desastres naturales, crisis económicas, pandemias o cualquier otro fenómeno que provoque el cierre total o parcial de la unidad económica donde presta sus servicios, toda vez que dijo, si bien es una ley aprobada en 2011, requiere de reformas para que pueda ser activada por el propio Poder Legislativo.
Como últimos puntos, su propuesta de reforma contempla establecer como un derecho ciudadano contar con acceso a infraestructura digna de los lugares donde se generan las fuentes de empleo y aprovechar algunos impuestos recaudados para lograr objetivos de infraestructura productiva e incentivos fiscales laborales financieros que abonen a la recuperación económica.
Por otra parte, la Comisión abordó otros 15 temas que buscan establecer un fomento constitucional al emprendimiento; impulsar la creación de nuevas empresas; establecer una plataforma para dar empleo a los jóvenes recién graduados; abonar en la Ley de Mercados Públicos del Estado de México; impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico; así como establecer el derecho a la desconexión física o digital al término de la jornada laboral y expedir la Ley Nacional del Seguro de Desempleo.