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Por unanimidad, aprueban cuatro dictámenes

 

Con cubrebocas y gel antibacterial en mano, los legisladores llevaron a cabo su tercera sesión correspondiente al Quinto Periodo Ordinario a puerta cerrada, donde tomando las medidas sanitarias correspondientes, procedieron a votar cuatro dictámenes remitidos por comisiones legislativas. Si bien, la mayoría de los diputados consideró las medidas preventivas que instancias de salud han difundido […]


Con cubrebocas y gel antibacterial en mano, los legisladores llevaron a cabo su tercera sesión correspondiente al Quinto Periodo Ordinario a puerta cerrada, donde tomando las medidas sanitarias correspondientes, procedieron a votar cuatro dictámenes remitidos por comisiones legislativas.

Si bien, la mayoría de los diputados consideró las medidas preventivas que instancias de salud han difundido en este periodo ante la contingencia por el Covid-19, hubo quienes iniciaron la sesión con plena normalidad, sin cubrebocas, saludándose de mano, beso y/o abrazo, y sin guardar la sana distancia.

Con la presencia de alrededor de 60 legisladores, se realizó la sesión en la que dieron resolución a cuatro dictámenes para inhibir el robo de motocicleta; a negocio; elevar a la categoría política de Ciudad a la Villa conocida como San Felipe del Progreso; así como modificar la denominación de la Secretaría de Cultura por el de Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, todos los dictámenes, aprobados por unanimidad de votos.

Para cumplir con lo mandatado por la Junta de Coordinación Política sobre las medidas preventivas ante el Covid-19, los legisladores dieron lectura únicamente a la introducción, antecedentes y resolución en comisiones de cada dictamen y abrieron la votación de cada punto sólo por un lapso de 2 minutos a fin de agilizar los tiempos.

Los diputados locales aprobaron incrementar la penalidad del delito de robo de motocicleta, pudiéndose sancionar hasta con 25 años de cárcel.

La iniciativa presentada en su momento por la diputada de Morena, Rosa María Zetina González prevé sanciones de los 12 a los 20 años de prisión; sin embargo, la pena podría incrementarse en cinco años más de cárcel a quien desmantele una o más motocicletas robadas; trafique sus partes; altere o modifique la documentación que acrediten la propiedad del vehículo; traslade el o los vehículos robados a otra entidad o los utilice para la comisión de delitos.

Lo anterior, dijeron durante el trabajo de análisis en comisiones, resulta necesario si se considera que la entidad ocupa el primer lugar en robo de motocicleta de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales también reportan que en 2016 se cometieron poco más de 4 mil delitos en esta materia; en 2017 fueron 5 mil 586; mientras que en 2018 se contabilizaron 7 mil 85, reflejando un incremento considerable; asimismo, se puntualizó que en la entidad se roban en promedio 70% más motocicletas que en Jalisco e incluso 123% que en la Ciudad de México.

Por otra parte, aprobaron la iniciativa de la diputada de Acción Nacional, Karla Leticia Fiesco García (PAN), para agravar la penalidad en el delito de robo a negocio, contemplando una pena de 5 a 10 años de prisión y de 1 a 3 meses el valor de lo robado.