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Por inducir a menores a cometer delitos, podrían obtener hasta 15 años de cárcel

 

Los menores dentro de la delincuencia organizada tienen un promedio de vida de 3 años, de acuerdo al INEGI


Para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura, analizaron la iniciativa del grupo parlamentario de Morena y del Partido de la Revolución Democrática para imponer penas de entre 10 a 15 años de prisión a quien reclute y haga partícipes a menores en delitos de alto impacto, así como para garantizar el interés superior de la niñez.  

La diputada de Morena, Yesica Yanet Rojas Hernández señaló que de acuerdo con las últimas cifras de REINSERTA y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en México existen entre 35 mil y 45 mil menores que se encuentran reclutados de manera forzosa por el crimen organizado.   

Durante la justificación de la propuesta, indicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un menor sicario dentro de la delincuencia organizada tiene un promedio de vida de 3 años.  

Ante ello, refirió que la iniciativa propone reformar el artículo 204 del Código Penal del Estado de México para sancionar con hasta 15 años de prisión a quienes usen a menores en la comisión de delitos de alto impacto como el robo, daño en los bienes, allanamiento de morada, trata de personas, feminicidio, extorsión, usurpación de identidad, privación de la libertad, disparo de arma de fuego y ataque peligroso, auxilio o inducción al suicidio, lesiones, homicidio, así como el uso, portación y acopio de arma de fuego.  

Durante su análisis, los diputados integrantes de la comisión, reconocieron la importante que tiene el que dicha iniciativa sea fortalecida y aprobada para frenar este delito dentro del territorio mexiquense.  

Por lo anterior, acordaron seguir manteniendo en análisis dicha iniciativa y reunirse de nueva cuenta, pero ahora con servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJEM), del Poder Judicial mexiquense y de defensorías de derechos humanos.