Por unanimidad de votos, los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca el que los 125 municipios puedan condonar total o parcial del pago el impuesto predial y de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, del ejercicio fiscal 2022, a contribuyentes que acrediten la pérdida de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad por motivo del Covid-19.

La diputada proponente de la iniciativa, Lilia Urbina Salazar, indicó que la pandemia no trajo consigo contagios y muertes, sino también afectaciones económicas en los hogares.  

Lo anterior sustentando que al 27 de septiembre, el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades reportó un total de 31 mil 614 defunciones en el estado, lo que representa el 11.47% del total de muertes a nivel nacional, de estas, alrededor de 16 mil corresponden al rango de edad de 35 a 64 años, personas en edad económicamente activa.

Ante ello, refirió que la gran mayoría de estas personas eran el único o principal sostén del hogar familiar, lo que impacta directamente en el ingreso y calidad de vida de sus dependientes económicos, por lo que dijo, la condonación de contribuciones es una previsión legal que busca ayudar o solidarizarse con los sectores poblacionales más desprotegidos o vulnerables.

“Por ello, este exhorto alude a brindar a la población un apoyo que beneficie directamente a su economía en estos momentos difíciles, va dirigido a las autoridades de los 125 municipios del estado, para que, de acuerdo a sus posibilidades, puedan condonar total o parcialmente el pago del impuesto predial y de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, a quienes hayan perdido un familiar por Covid-19”, dijo.  

Por otra parte, la misma bancada presentó una iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad del Estado, con la cual se busca garantizar que el manejo de residuos sólidos tenga una constante revisión y actualización de los mecanismos para su disposición, reuso y reciclaje eficiente.