Durante el desarrollo del Foro Virtual sobre Prevención, Atención, Sanción, Reparación y Erradicación de la Violencia Política contra las mujeres en razón a género, expertos en la materia coincidieron en que a pesar de que se ha avanzado en la implementación de política pública, en la adecuación del marco normativo y que cada vez más mujeres han accedido a espacios públicos, aún existen resistencias culturales que han agravado el índice de violencia en su contra.
Organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la consejera electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya indicó que es lamentable que el Estado de México ocupe el segundo lugar con los índices más altos de violencia de acuerdo con el informe de INEGI 2020 y el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, por lo que señaló que debe ser una obligación de todas las instituciones el sumar esfuerzos para su atención y erradicación.
Afirmó que a la par del aumento de mujeres en la vida pública, la violencia que se ejerce contra ellas, se eleva de forma alarmante, ejemplificó que tan sólo para el proceso electoral anterior, un número importante de mujeres sufrieron violencia política en temas de financiamiento en sus campañas, equidad en la contienda, en medios de comunicación al existir violencia por estereotipos; sin embargo, muchas de ellas no lo denunciaron.
En el caso del IEEM, dijo, se presentaron 71 procedimientos especiales sancionadores de los cuales, solo dos fueron sancionados y forman parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política por razones de género.
“Pese a esta cifra hay que razonar si efectivamente representan al total de casos registrados, puesto que existen cifras que reflejan que menos del 40 por ciento de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda y muy pocas recurren a instituciones del estado”, comentó.
Señaló que lo sucedido en el pasado proceso permite identificar que es necesario ver cuáles son las deficiencias de lo establecido en la ley para poner un alto a la violencia política, replantear su eficacia, funcionamiento y los medios que se tienen para combatirla, sancionarla y erradicarla.
Al respecto, el senador del Congreso de la Unión, Emilio Álvarez Icaza Longoria recordó que ya se facultó tanto al Instituto Nacional Electoral, como a los Organismos Público Locales Electorales para emitir medidas cautelares en el marco del propio desarrollo del proceso electoral, buscando con ello que la violencia no escale y evitar un daño irreparable.
Englobándose cinco fenómenos para la emisión de medidas cautelares: realizar análisis de riesgo y plan de seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones, cuando la conducta sea reiterada se deberá suspender el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora, ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y establecer cualquier otra reparación del daño como la disculpa pública, la restitución del cargo, y medidas de no repetición.
