Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Finanzas Públicas se reunieron para analizar la propuesta presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss a nombre del grupo parlamentario de Morena, respecto a abrogar el decreto 87 de la XXXVI Legislatura local para retirar los privilegios a los que son acreedores hoy en día seis ex gobernadores mexiquenses.

Los exfuncionarios que gozan actualmente de un chofer ayudante, un jefe de ayudantes, tres ayudantes con categoría de oficial de Seguridad Pública, así como de un secretario particular son: Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Eruviel Ávila.

Pese a desconocer el monto actual al que asciende lo destinado al pago del personal, los diputados coincidieron en que la iniciativa ya fue aprobada en comisiones para atacar el problema de raíz.

De acuerdo a información reportada por el Grupo Parlamentario de Morena, son 36 servidores públicos  en total quienes “cumplen las funciones de seguridad y  escolta. Están asignados a seis exgobernadores, y están encargados de salvaguardar  su integridad física, sus derechos y su patrimonio”.

De ellos, tres ostentan el rango de “comandantes de región”, con un sueldo mínimo de 8 mil 646 y máximo de 10 mil 761 pesos;  10 tienen el rango de oficial, con un sueldo mínimo de 6 mil 913 y máximo de 8 mil 341 pesos, y 20  más tienen el rango de policía, con un sueldo mínimo de 6 mil 660 y máximo de 7 mil 458 pesos mensuales.

Posicionamiento Araceli Casasola, diputada del PRD, aplaudió la medida y sugirió reasignar los recursos para combatir los feminicidios y la violencia.

Karla Leticia Fiesco del PAN puntualizó la importancia de investigar hacía dónde fueron dirigidos concretamente los recursos presupuestados para favorecer a los ex mandatarios.

Carlos Loman del PES, dijo que con la abrogación no se dejará desprotegido a nadie; mientras que el coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI, Miguel Sámano Peralta enfatizó que si los llamados “privilegios” sólo consisten en el destino de personal y no en el pago económico, sí resultaba elemental apegarse a la línea de la austeridad.