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Miércoles 28 de Julio 2021

Declaración patrimonial y de intereses en UAEM presenta 80% de avance 

 

Alrededor de 80 por ciento de los servidores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) han presentado su declaración de situación patrimonial y de intereses, a menos de 20 días de que concluya el plazo que tienen para cumplir con esta obligación, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC) en esta […]


Alrededor de 80 por ciento de los servidores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) han presentado su declaración de situación patrimonial y de intereses, a menos de 20 días de que concluya el plazo que tienen para cumplir con esta obligación, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC) en esta casa de estudios, Victorino Barrios Dávalos.

De acuerdo con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, destacó, la Autónoma mexiquense ocupa el segundo lugar a nivel estatal con mayor cantidad de servidores que han presentado su declaración.

El titular del OIC expresó que hay dos tipos de declaración, la dirigida de jefes de departamento al rector y la de profesores y personal administrativo con un rango menor al de jefe de departamento.

Están excluidos de realizarla, dijo, los profesores que tengan hasta 30 horas de clase en los planteles de la Escuela Preparatoria, 18 en facultades y 12 en posgrado. Detalló que los universitarios que realizan la declaración ampliada son 651, mientras que siete mil 71 realizarán la simplificada.

En ambas, precisó, se piden datos generales, curriculares e ingresos netos. En la ampliada se declaran además los bienes muebles, inmuebles, vehículos, inversiones, adeudos y pasivos.

Por otro lado, manifestó que los servidores públicos universitarios están obligados a realizar la declaración patrimonial y de intereses, como lo estipulan organismos internacionales, la Constitución federal, la Constitución estatal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Victorino Barrios Dávalos sostuvo que de esta forma se fortalece la transparencia en las instituciones públicas y evitan casos de corrupción. Afirmó que quienes no realicen su declaración patrimonial y de intereses pueden hacerse acreedores a una amonestación administrativa e, incluso, la rescisión de su contrato.