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Buscan incrementar penas para servidores que cometan maltrato animal

Para promover la cultura de bienestar animal, los diputados analizan la viabilidad de endurecer las penas para servidores públicos que tengan por encargo el manejo y que cometan maltrato contra estos seres, las sanciones irían de los 9 meses a 4 años y medio de prisión, y de 150 a 300 días multa, es decir, de los 12 mil hasta los 25 mil pesos.

En reunión de trabajo, los integrantes de las comisiones unidas de Protección Ambiental y Cambio Climático; Procuración y Administración de justicia; y Legislación y Administración Municipal, analizaron la iniciativa del diputado Tanech Sánchez Ángeles que busca instrumentar acciones tendientes a brindar un trato digno a la vida animal entre las que destaca la creación de una comisión edilicia en los 125 municipios que acopie inquietudes ciudadanas, vigile y proponga al Cabildo acciones en defensa de éstos y endurecer penas.

Para lo anterior, la iniciativa propone reformas y adiciones al Código para la Biodiversidad del Estado de México; al Código Penal del Estado de México y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Para el tema de las sanciones, se propone adicionar al artículo 235 Ter del Código Penal del Estado de México, lo siguiente “Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo su manejo”, ello considerando que el artículo contempla “A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquiera que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y de cien a 200 días multa”.

En esta reunión, los diputados coincidieron en mantener en estudio la iniciativa y fortalecerla; sin embargo, coincidieron en el hecho de que resulta necesario inhibir las malas prácticas de servidores públicos.

Asimismo, la diputada Elizabeth Millán García propuso diversos puntos a adherir en la iniciativa, tales como: establecer un control poblacional de perros y gatos; censos estatales y municipales de animales de compañía que incluyan estimados certeros de callejeros; realizar una revisión exhaustiva de las condiciones bajo las cuales operan los rastros municipales y establecer medidas urgentes en municipios donde utilizan a animales de tiro para prohibir la práctica.

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