Durante la reunión de trabajo, Comisiones Legislativas aprobaron cuatro iniciativas y un exhorto que refuerzan el marco jurídico estatal en materia de seguridad pública, justicia administrativa y atención a la violencia contra las mujeres.
Primero, en sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Seguridad Pública y Tránsito, se aprobó la iniciativa por la que se propone ampliar el marco normativo en la materia para fortalecer el Sistema Estatal y dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad.
Con ello, esta dependencia podrá coordinar e instrumentar las actividades en materia de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública y privada estatales, acogiendo el Centro de Control de Confianza y a la par, crearán la Unidad de Asuntos Internos y la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, misma que permitirá brindar la formación y profesionalización de los elementos.
Más tarde, las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Procuración y Administración de Justicia aprobaron fortalecer la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y exhortar a los 125 municipios a constituir las comisiones edilicias en atención a la violencia en contra de las mujeres para atender, detectar y erradicar el mal.
Por lo que respecta a la Iniciativa de decreto presentada por el titular del Ejecutivo Estatal para modificar el Código Penal, con el objetivo de tipificar y aumentar la penalidad por el delito de robo en el transporte público, a transeúnte y el robo de mercancía transportada, los diputados de dichas comisiones aprobaron la misma.
La diputada priista, Mercedes Colín Guadarrama detalló que se pretende duplicar las penas establecidas actualmente, ello al considerar que de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los delitos cometidos contra el transporte de carga y público de pasajeros han presentado un incremento considerable en los últimos tres años.
También aprobaron establecer como delito contra la economía pecuaria a quienes introduzcan ganado bovino al estado sin cumplir con la normatividad aplicable, imponiendo una sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa; además imponer penas a quien movilice bovino declarado en cuarentena y a quien presente o pretenda documentar ganado bovino como nacido en una zona de baja prevalencia.
