Tras un arduo trabajo de análisis, en comisiones legislativas, los diputados locales aprobaron por unanimidad las seis iniciativas de reforma en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres que presentaron en su momento las bancadas de Morena y Acción Nacional, conformando un sólo instrumento que abone al tema de la paridad.
El instrumento conformado por propuestas de los legisladores: Karina Labastida Sotelo, Mariana Uribe Bernal, Gabriel Gutiérrez Cureño, Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García, Ingrid Krasopani Schemelensky y Anuar Azar Figueroa, contempla también impedir que personas con antecedentes de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual y/o de género, o que tengan antecedentes como deudor alimentario moroso, puedan ser candidatos a un cargo público, con lo cual, de aprobarse en el pleno, se haría efectivo para el próximo proceso electoral.  Indicaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado será la instancia que expida la constancia a los candidatos de no estar condenado por sentencias ejecutoriada por el delito de violencia política en razón de género, no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos y no estar condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar.
Aunado a lo anterior, se replantea la definición de violencia política de género y extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad.
Y contempla obligar a los partidos políticos a promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes y se elimina de la Constitución el lenguaje sexista.
Durante el posicionamiento, los diputados coincidieron en que la reforma permitirá dar un paso más para que se ejerzan los derechos de hombres y mujeres por igual, no privilegiando el género para obtener un puesto de elección popular.
Previo a su aprobación, los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático para la Igualdad de Género, indicaron que para la emisión del dictamen, se tuvo acercamientos no sólo con los grupos parlamentarios, sino también con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, magistradas y consejeras en materia electoral.